«Ayer, como país, dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar», dijo la mandataria durante una ceremonia.
Bachelet manifestó su agradecimiento a todos los parlamentarios que apoyaron el proyecto de Gobierno y «se la jugaron por las familias», pues gracias a ellos «miles de jóvenes podrán estudiar gratis» en 2016.
«Hemos cumplido con la palabra que le dimos a las familias y a los estudiantes. No ha sido fácil, ustedes lo han visto, sin embargo ha prevalecido la sensatez», reflexionó la mandataria durante la colocación de la primera piedra de las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
«Ha prevalecido la sensatez y este 27 de diciembre, cuando los chiquillos tengan que postular, van a poder acceder a la gratuidad las y los jóvenes pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable y que estudien en instituciones que cumplan condiciones de calidad y que no tengan lucro», señaló la mandataria.
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que, desde 2011 se lanzaron a las calles, para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica.
Los reclamos de los jóvenes fueron incluidos en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet, en el que la gratuidad en la educación superior era una de sus promesas estrellas.
En su programa inicial, el gobierno estableció que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad, sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó el país en 2015 el gobierno recortó la cuota de forma considerable.
Desde el pasado 21 de mayo, el gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar de nuevo por las calles de las principales ciudades del país.
La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.
La ley sufrió un duro traspié el pasado 10 de diciembre cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la norma tras considerar que era «discriminatoria».
El gobierno decidió cambiar el número de beneficiarios, que finalmente abarca a todas las universidades estatales y también las privadas sin fines lucrativos y con una acreditación mínima de cuatro años.
La decisión fue tomada anoche, en su tercer trámite constitucional, por 92 votos a favor, 2 en contra 1 abstención.
«Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile», aseveró el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país. «Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho», declaró a los medios locales.
Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es «un gran paso» en un camino en el que «esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita».
«Es el mejor regalo de Navidad para muchas familias que no tendrán que endeudarse el próximo año», consideró la ministra Delpiano, al adelantar que éste es el «primer paso» en la reforma educacional.
El problema del financiamiento universitario se arrastraba desde la reforma educacional que implantó dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse, por lo que hasta hoy cobran aranceles anuales de miles de dólares, gasto que muchos estudiantes y sus familias sus estudiantes no pueden sufragar. En Chile alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes.
Télam
