El nuevo régimen simplificado de importaciones, firmado hace unos días por el gobernador de Salta JUAN MANUEL URTUBEY y autoridades nacionales en Buenos Aires, puso en pie de guerra nuevamente a los bagayeros de Orán, quienes reclaman información y claridad sobre las nuevas directivas para el comercio fronterizo, que entrará en vigencia el 1 de abril venidero.
El nuevo régimen de la Dirección de Aduanas para Aguas Blancas y Orán establece que se mantiene el tope de 12 mil dólares, pero se amplía el límite hasta las 24 operaciones mensuales, con un máximo de una por día y un tope diario de 500 dólares. La salvedad es que dichas operaciones no son acumulables. Este parece ser el punto de quiebre y el más controversial para los trabajadores de frontera, quienes aseguran que el límite es «demasiado bajo», ya que se estima que cada uno pasa más de 2.000 dólares por día en mercaderías.
La nueva regulación brinda a los bagayeros un marco laboral legalizado para que se constituyan como microimportadores reconocidos por el Estado nacional, con la tarea de Gendarmería para direccionar el flujo de mercaderías hacia el paso habilitado por el puerto de chalanas, impidiendo el cruce por pasos no habilitados. Este punto es interpretado por los bagayeros como una nueva presión impositiva y el intento para desalentar lo que es, en muchos casos, una única fuente de trabajo familiar.
«No vamos a aceptar el pago de impuestos, porque nosotros no somos los inversores ni los revendedores, solo pasamos la mercadería y en el eslabón somos los que menos ganamos», afirmaron durante la asamblea del jueves pasado. En esa reunión, que se cumplió en un sector del Parque de la Familia, decenas de trabajadores de frontera manifestaron su preocupación y rechazaron esta nueva disposición.
En el malestar generalizado, muchos recordaron el acuerdo anterior, que se consiguió luego de una intensa protesta que incluyó cortes totales sobre la ruta 50 a la altura del ingreso a la ciudad de Orán. Las protestas adquirieron tal magnitud que obligaron a la intervención de la Iglesia. Tras varios días de manifestaciones, el acuerdo llegó en junio de 2017, con el compromiso de un empadronamiento y la flexibilización de los controles con una tarjeta de tránsito vecinal fronterizo.
El Tribuno
