Más allá de la grave crisis económica, política y social que vive Venezuela, una de las principales banderas que alza la oposición para ponerle fin al chavismo es la de los derechos humanos. Los nombres de Leopoldo López y Antonio Ledezma, presos políticos del régimen bolivariano, se hacen oír en cada manifestación para exigir su liberación. Sin embargo, hay otras decenas de personas que se encuentran detenidas en diferentes cárceles del país por motivos políticos.
En la actualidad, «hay exactamente 96 personas encarceladas» por el régimen de Nicolás Maduro, aseguró, en diálogo con Infobae, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organismo no gubernamental que se encarga de asistir a los detenidos por cuestiones políticas.
«Cuando hablamos de presos políticos, hablamos de aquellas personas que tienen una orden de un tribunal que los priva de la libertad por motivos políticos», explicó el abogado venezolano.
No obstante, esa cifra «no es permanente». Hay quienes llevan años encarcelados –incluso sin condena-, y otros son arrestados y liberados a los pocos días. Desde la llegada de Maduro al poder en 2014, en Venezuela ha habido 399 presos políticos y 6528 arrestos.
En 2016, en tanto, se han registrado 30 detenciones. La más reciente es la del periodista Braulio Jatar, quien también cuenta con nacionalidad chilena, lo que provocó una tensión diplomática entre las embajadas de ambos países.
Varios presos políticos, e incluso aquellos que fueron detenidos por algunas horas, no sólo sufrieron –y sufren- la privación de su libertad por una mera cuestión ideológica, sino además han sido -y son- objeto de torturas, de acuerdo a lo denunciado por Romero.
«Cuando hablamos de torturas y tratos inhumanos, no sólo nos referimos a los presos actuales, sino a todas las personas que han sido detenidas en algún momento», señaló.
Los métodos de tortura aplicados por las fuerzas de seguridad chavistas han sido múltiples: desde descargas eléctricas y fuertes golpizas, hasta la denegación de atención médica.
«Denunciamos ante la Defensoría del Pueblo y ante la Organización de Naciones Unidas 35 casos de presos políticos que se encuentran con enfermedades y que no se les ha brindado la atención médica adecuada», comentó el director del Foro Penal, quien remarcó que ese «trato inhumano (…) ha traído como consecuencia daños físicos importantes».
Efraín Ortega, detenido en julio de 2014 en la prisión Rodeo II, luego de manifestarse contra el chavismo, a día de hoy no ha recibido uno atención adecuada por sus problemas renales. Su estado es considerado «crítico».
Yeimi Varela, por su parte, recluido desde mayo de 2014 en el Helicoide, centro de detención que responde al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sufrió una fuerte hinchazón en la piel, como consecuencia de la escabiosis que padece desde hace más de un año.
«La prisión ya no es la única sanción, la condición de salud y el trato a las personas se convierte en un esquema de tortura», sostuvo el abogado. Y añadió: «Se hacen múltiples solicitudes a los tribunales para que los atiendan y sean trasladados a centros de salud, pero no los trasladan».
El régimen de Maduro, en sintonía con la lógica que han perseguido otros gobiernos como el de los Castro en Cuba o el de Daniel Ortega en Nicaragua, ha aumentado su presión contra aquellos que se manifiestan críticamente a su gestión o incluso contra aquellos a los que considera una amenaza.
En ese contexto, políticos opositores, periodistas, militares y estudiantes, constituyen el principal blanco del chavismo.
Romero enseñó que en el Foro los dividen en tres categorías. La primera está conformada por aquellos que «son los más fáciles de identificar», que son los políticos. En la actualidad los casos más emblemáticos son los de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas.
«La segunda categoría, sin ser una amenaza directa para el Gobierno, es parte de un grupo social. Por ejemplo, militares, estudiantes o jueces. Los detienen para que esos grupos se sientan amenazados»,explica Romero.Muchos militares han sido encarcelados, acusados de planificar un supuesto golpe de Estado.
El de Marco Hurtado, subdomisario de la Policía Metropolitana condenado a 16 años de prisión, es el caso con más tiempo de los actuales presos políticos. El uniformado fue detenido en abril de 2003, acusado de los homicidios de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque en Puente Llaguno, Caracas. Junto a él, fueron condenados los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, el ex secretario de seguridad ciudadana Iván Simonovis, y los funcionarios Erasmo Bolívar (Ramo Verde), Julio Ramón Rodríguez (Liberado bajo medida humanitaria) y Luis Enrique Molina (Ramo Verde). También recibieron penas el cabo primero Arube Salazar (Ramo Verde), y Ramón Zapata, quien ya cumplió su condena.
Y en la tercera y última categoría se encuentran aquellas personas que son utilizadas por el régimen «para justificar algún fracaso en política pública, o para propaganda política». Tal fue el caso de Manuel Morales, director del supermercado Día Día, quien fue acusado por Maduro de fomentar el acaparamiento y la escasez.
En la última multitudinaria marcha llevada a cabo en Caracas se vio una vez más el poder de las redes sociales. Con casi todo el espectro periodístico en manos del Estado, y con las constantes trabas que impone el chavismo para evitar que se filtre información de lo que sucede en el país, las redes cumplen un papel fundamental a la hora de informar.
Sin embargo, también se pueden convertir en una bomba de tiempo. Desde la llegada de Maduro al poder, ha habido personas detenidas por emitir mensajes críticos a través de Twitter. Tal es el caso de Skarlyn Duarte, quien fue encarcelada luego de tomar el celular de su novio para insultar por medio de la red social a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Su proceso ha sido diferido constantemente porque el tribunal ha citado a Maduro y Cabello, pero ellos no se hicieron presentes. «Entonces, ella permanece en prisión porque las supuestas víctimas no se presentan ante el tribunal», indicó Romero.
Como el caso de Duarte, hay decenas de presos del chavismo que llevan meses e incluso años sin condena firme. Generalmente estas situaciones se dan en aquellos casos en los que no hay suficientes evidencias. «Se retardan con el propósito de llevar a cabo una sanción predeterminada, sin ningún tipo de condena», consideró el abogado director del Foro Penal.
Con relación a las denuncias que realiza la ONG, Romero reconoció que mantienen «una buena relación» con la Defensoría del Pueblo, aunque aseguró que la realidad sería otra si el órgano gubernamental criticara el accionar del régimen.
«Cuando se trata de presos políticos, la incidencia la tiene el Ejecutivo directamente», concluyó.
