Venezuela recibió el Año Nuevo con menos fuegos artificiales de lo habitual y con más incógnitas políticas que nunca. La primera duda es si la oposición podrá disponer en la Asamblea Nacional de su mayoría absoluta calificada de los dos tercios tras el «golpe judicial» asestado por el oficialismo poco antes de terminar 2015.
En una decisión tomada horas después de la recusación contra sus cinco magistrados por la oposición, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso contencioso electoral y la medida cautelar presentados por la dirigente chavista en Amazonas Nicia Maldonado.
La consiguiente suspensión de las elecciones en Amazonas deja en el aire la proclamación de tres parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la jura del próximo martes.
«Reiteramos que con la fuerza de la Constitución, con la fuerza de la ley y la fuerza del pueblo los 112 diputados de la Unidad Democrática tomarán posesión el 5 de enero. La nueva mayoría nacional continuará su avance por encima de las provocaciones y de las trampas leguleyas hasta lograr nuestro objetivo», subrayó en un comunicado Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, que además pidió al país enarbolar ese día la bandera nacional y «acompañar a los diputados del pueblo a tomar posesión en una nueva Asamblea al servicio de todos y para todos».
Es la primera pulseada entre poderes donde de antemano ya se sabe quién tiene la fuerza y quién la razón. El resto son incógnitas. La primera es si una sala recusada puede tomar una decisión de este calibre.
Las vinculaciones de sus cinco miembros con la revolución son conocidas, empezando por la presidenta y firmante de la suspensión, Indira Alfonzo Izaguirre, mano derecha durante años de la canciller Delcy Rodríguez. El vicepresidente, Malaquías Gil, fue diputado revolucionario durante diez años y la magistrada más veterana, Jhannett Madriz, defendió a Hugo Chávez durante su permanencia en prisión por el fallido golpe de Estado, y siempre se mantuvo muy cercana a él.
Los dos últimos magistrados fueron elegidos la semana pasada por la Asamblea moribunda, pese a las protestas nacionales e internacionales, saltándose procedimientos legales e incumpliendo la Constitución. Se trata de Fanny Márquez, funcionaria muy cercana a Diosdado Cabello, y de Christian Zerpa, diputado saliente del PSUV.
«Los 112 diputados electos de la MUD fueron debidamente proclamados por el Poder Electoral (tras las elecciones). Por ello, la Sala Electoral no puede, en virtud de una medida cautelar, modificar los efectos jurídicos de esa proclamación y suspender el mandato popular de representación ya perfeccionado, pues los efectos de la proclamación ya se cumplieron», sostiene el jurista José Ignacio Hernández.
«Nadie puede hablar por el pueblo, porque los pueblos hablan por sí mismos», enfatizó Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su discurso de fin de año, empeñado en que nadie «distorsione» la voz de ese pueblo.
Las cábalas son múltiples en torno de qué puede acontecer el martes. La MUD intentará juramentar a sus 112 diputados, pero si le impidieran hacerlo mantendría la mayoría absoluta calificada de los dos tercios, ya que serían 109 sobre un total de 163 legisladores.
En el chavismo, los escenarios son otros. El lunes, el recién creado Parlamento Comunal Nacional se reunirá en la meca del chavismo, el Cuartel de la Montaña, para honrar a Hugo Chávez y establecer la estrategia para el día siguiente. Diversos grupos revolucionarios anuncian concentraciones en torno de la sede de la Asamblea.
Y, por si fuera poco, la oposición denunció ayer la sustracción de los equipos de ANTV, el canal de televisión de la Asamblea. La revolución, que posee o controla todas las emisoras del país, tampoco quiere perder ésta.
«Hacemos justicia como Robin Hood», clamó Nicolás Maduro al decir adiós a su ley habilitante, la que le ha concedido superpoderes para gobernar por decreto durante 21 de los 32 meses que lleva al mando del país. Cinco fueron las reformas de última hora para «proteger al pueblo venezolano», entre ellas la ley de impuesto sobre la renta y la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, dirigidas contra los «capitalistas poderosos».
Daniel Lozano/ LA NACION
