El 6 de diciembre, Estados Unidos reactivó parcialmente el programa, de acuerdo con México, para cumplir esa orden, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que dio la razón a la corte de distrito.
Ahora el gobierno de Biden insta a la Corte Suprema, donde seis de los nueve magistrados son conservadores, a «otorgar certiorari», es decir aceptar el caso, y «revertir» el fallo del tribunal de apelaciones.
Los tribunales inferiores han ordenado al Departamento de Seguridad Interior (DHS) «que implemente y haga cumplir indefinidamente el programa MPP, efímero y controvertido», a pesar de que el poder ejecutivo estima que «no es la mejor herramienta para disuadir la migración ilegal», señala el texto.
Quédate en México «expone a los migrantes a riesgos inaceptables» y «desmerece los esfuerzos de relaciones exteriores del Ejecutivo para gestionar la migración regional», añade.
El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria «justa y humana». Las autoridades mexicanas han detectado a más de 190.000 migrantes entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020.
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