“Las instituciones federales de enseñanza no pueden establecer la exigencia de vacunación contra la Covid-19 como condicionante para el regreso a las actividades educativas presenciales”, dice la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial brasileño, con la firma del pastor evangélico Milton Ribeiro, ministro de Educación de Jair Bolsonaro. En un nuevo episodio de la guerra del gobierno contra las medidas sanitarias, Ribeiro intenta prohibir que las universidades federales exijan el certificado de vacunación a alumnos y profesores para asistir a clases presenciales. Algunos rectores ya evalúan recurrir a la justicia y, según dijo a Télam el exministro de Educación y excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, tienen rezón porque “la medida viola una vez más la autonomía universitaria, que es un principio constitucional”.
Después de haber divulgado todo tipo de fake news y teorías conspirativas sobre la pandemia, haberse opuesto a la cuarentena, el distanciamiento social, el uso de máscaras, las vacunas y todas las medidas que fueron tomándose en el resto del mundo, y haber divulgado y distribuido falsos tratamientos sin comprobación científica, ahora la obsesión de Bolsonaro es impedir el pase sanitario y la vacunación infantil. Es una constante desde que apareció el coronavirus: en lo que más gasta energías el gobierno brasileño es en boicotear cualquier cosa que pueda salvar vidas y promover cualquier otra que ayude a que haya más muertes. Ya hubo –oficialmente– más de 618 mil.
El pase sanitario es un certificado oficial de vacunación que puede imprimirse o descargarse en el celular, con un código QR para comprobar su autenticidad. En muchos países donde el acceso a las vacunas está garantizado, debe presentarse para abordar un vuelo, pasar por migraciones, entrar a un restaurante, un café, una discoteca, asistir a un espectáculo, un partido de fútbol, etc. Así, se protege al resto de las personas, que no son obligadas a compartir espacios cerrados o aglomeraciones con quienes se niegan a vacunarse y ponen en riesgo a los demás. Una regla básica de convivencia que tiene amplio consenso en el país vecino.
Según una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria realizada en noviembre, el 65% de los brasileños está a favor de que los establecimientos comerciales y otros lugares exijan comprobante de vacunación a sus clientes como requisito para entrar y el 66% dice tener miedo de convivir con personas que no se vacunaron. Otra encuesta de Ipsos, realizada este mes, mostró que el 88% de los brasileños está a favor de que las empresas exijan el certificado de vacunación completa a sus empleados para volver al trabajo presencial.
Sin embargo, todas estas iniciativas están siendo boicoteadas por el presidente. Cuando algunas empresas y organismos públicos comenzaron a pedir el certificado de vacunación a sus trabajadores, el ministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni, publicó una decisión similar a la de Ribeiro que prohibía la exigencia de “documentos discriminatorios, especialmente comprobantes de vacunación”. Bastante cínico viniendo del mismo gobierno que defiende y promueve a diario la discriminación de mujeres, LGBTs, negros, indígenas y otros grupos difamados. En algunos casos, sin embargo, la medida ya fue autorizada por la justicia, contrariando los deseos del gobierno.
También trató Bolsonaro de impedir la exigencia del “pasaporte COVID” a los turistas extranjeros que llegan al país, recomendado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), pero su gobierno fue obligado a implementarlo por una decisión del juez Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, a quien el presidente suele insultar en público.
Cuando varios gobiernos locales reglamentaron el pase sanitario para diferentes establecimientos y eventos masivos (por ejemplo, entre otras capitales, lo aprobaron con diferentes reglas Brasília, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Rio Branco, Palmas, Belém, Porto Velho, Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal, Teresina, Maceió, Salvador y Aracaju), Bolsonaro los llamó “autoritarios” y anunció que dictaría una medida provisoria (similar a los DNU en Argentina) para negar a estados y municipios esa atribución.
“Vamos a tener una pelea enorme aquí y ahora por el pasaporte vacunal”, dijo Bolsonaro, y agregó que era “una correa que le quieren poner al pueblo brasileño” y que él prefería “morir a perder mi libertad” de no vacunarse, “libertad” que su gobierno defendió con una campaña publicitaria oficial cuando llegaron las primeras vacunas al país y la obsesión de Bolsonaro era combatirlas.
De hecho, Jair se jacta de no estar vacunado y, a lo largo de todo 2021, hizo decenas de declaraciones públicas poniendo en duda la efectividad de las vacunas, divulgó fake news sobre falsos efectos secundarios (el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación por una live en la que el presidente dijo que las vacunas enfermar a las personas de SIDA), boicoteó la compra de inmunizantes del gobierno de São Paulo (refiriéndose despectivamente a “la vacuna de [el gobernador] Doria”) y hasta frenó la compra de jeringas para retrasar su aplicación. Sus seguidores, por aquel entonces, organizaban movilizaciones contra las vacunas portando jeringas gigantes y se referían a la Coronavac como “vachina”, por el origen del laboratorio.
La otra batalla que el presidente brasileño libra en estas semanas es contra la vacunación infantil. Su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, hizo todo lo posible para retrasar la autorización del fármaco de Pfizer para niños de 5 a 11 años, como antes había tratado de suspender la vacunación de los de 12 a 17. El ministro llegó a presionar a la Cámara Técnica Asesora de Inmunización para que no recomendara su aprobación, según reveló la periodista Malu Gaspar, de O Globo, pero los técnicos amenazaron con renunciar y firmaron un parecer favorable que fue aprobado por unanimidad y enviado a la ANVISA. Además, lo hicieron público, rechazando las presiones.
Cuando la ANVISA aprobó la vacuna infantil, Queiroga se sentó sobre el expediente y retrasó la decisión oficial del ministerio. Bolsonaro atacó a los técnicos de la Agencia en su live por Facebook, como suele hacer con cualquiera que se ponga como obstáculo a sus locuras, y llegó a amenazar con hacer públicos “los nombres de esas personas”, en referencia a los profesionales. Algunos de ellos comenzaron a recibir amenazas de muerte de seguidores del presidente y, en uno de los casos, el autor de las amenazas concluyó su mensaje con un saludo nazi y la frase “Bolsonaro 2022”.
La inmunización infantil, luego de haber sido aprobada por los organismos técnicos competentes a pesar del boicot del gobierno –el Foro de Gobernadores está tratando de conseguir la vacuna por sus propios medios, ya que Bolsonaro se opone–, recibió el respaldo público de las asociaciones brasileñas de infectología, pediatría e inmunización. La prestigiosa fundación Oswaldo Cruz publicó un estudio que resalta la importancia de la vacunación infantil para enfrentar la pandemia. Pero, antes de navidad, el ministro inventó nuevos obstáculos para atrasar el proceso: dijo que el gobierno exigirá que, para vacunarse, además de la autorización escrita firmada por los padres, se requerirá una prescripción médica, lo que para muchas familias significa entrar en lista de espera para conseguir turno con un pediatra. El ministro dijo, además, que “los óbitos de niños están dentro de un nivel que no requiere decisiones emergenciales”. ¿Un número aceptable de niños muertos?
Según los datos oficiales, la COVID19 fue la segunda causa de muerte de niños y niñas de 5 a 11 años en lo que va de 2021, detrás de los accidentes de tránsito. Fueron ya 261, que se suman a los 297 de 2020 y equivalen al 7% del número promedio anual de fallecimientos en esa franja de edad. Pero, como ya dijo una vez Jair Bolsonaro refiriéndose a los muertos por la pandemia: “¿Y qué? Lo lamento”. O también: “No soy sepulturero, ¿ok?”.
Fuente: telam
