El nuevo Gobierno de Brasil rechazó el viernes las opiniones proferidas por la Unasur y la Alba, y por los Ejecutivos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en relación a la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.
En dos comunicados de la Cancillería, Brasil acusa a los «bolivarianos» de «propagar falsedades» y «repudia» las declaraciones del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, que considera «incompatibles» con su cargo.
«Tales juicios e interpretaciones del secretario general son incompatibles con las funciones que ejerce y con el mandato que recibió del conjunto de países suramericanos en los términos del Tratado Constitutivo y del Reglamento General de la Unasur», dice el comunicado en alusión a Samper.
Después de que el Senado decidiera este jueves apartar a Rousseff de sus funciones, al aprobar el inicio del juicio político en su contra, y de que la mandataria fuera sustituida de forma temporal por el vicepresidente Michel Temer, Samper afirmó que en Brasil hay actores «que están haciendo política sin responsabilidad» y «comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región».
Estas declaraciones, según la Cancillería brasileña, presentan argumentos «erróneos» que dejan entrever «juicios de valor infundados y prejuicios contra el Estado brasileño» y «hacen interpretaciones falsas» de la Constitución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que «la realidad es opuesta» a lo expresado por Samper, quien señaló que las conquistas de la sociedad brasileña se encuentran «en peligro».
En relación a los países del bloque bolivariano, la Cancillería resaltó que el proceso político interno de Brasil se desarrolla «en absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución».
Mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) no se pronunció y se mantiene aún fuera de la polémica. Su secretario general, Luis Almagro, apenas anunció que consultará la legalidad del impeachment a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
