La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de que, a partir del 2 de abril de 2025, se imponga un arancel del 25% a todo el comercio de cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela podría tener un impacto en Brasil, positivo en lo que respecta al petróleo, negativo si se extiende al sector eléctrico. Según datos de Trading Economics, Brasil ha superado actualmente a Venezuela en producción de petróleo, alcanzando más de 3,3 millones de barriles diarios. Venezuela, que fue el mayor productor del oro negro en América Latina, ha caído al tercer puesto con 1,25 millones de barriles diarios. A pesar de poseer las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la falta de inversión, la corrupción sistémica y la crisis económica han reducido su capacidad de producción. La decisión de Trump podría dar un gran impulso a las exportaciones brasileñas de petróleo y aliviar internamente la presión para obtener la autorización del Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Ambientales (IBAMA) de la explotación petrolera en la Cuenca Amazónica, contestada por ecologistas y comunidades locales.
Para Brasil, la verdadera incógnita de la decisión de Trump —que justificó los aranceles acusando al Gobierno venezolano de enviar deliberadamente criminales a Estados Unidos y de ser hostil a los valores estadounidenses – es si la medida se extenderá también al sector eléctrico. Un estado brasileño, el amazónico de Roraima, depende de hecho de la electricidad venezolana. Roraima no está conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por eso, en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), primero con Lula (2003-2010) y luego con Dilma Rousseff, entre 2011 y 2016, importó electricidad del país vecino, principalmente de la central hidroeléctrica de Guri. Esta importación se interrumpió en septiembre 2018 debido a problemas técnicos y a la inestabilidad del suministro venezolano. Durante el período de interrupción, Roraima pasó a depender en gran medida de centrales térmicas locales alimentadas con diésel, lo que provocó un aumento de los costes de producción y de las emisiones de gases de efecto invernadero. En febrero de este año, Brasil reanudó la importación de energía de Venezuela a Roraima, con el objetivo de reducir costes y mejorar la seguridad energética del Estado. Hasta ahora, siete empresas han sido autorizadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) a importar energía de Venezuela. La primera fue la brasileña Bolt Energy Comercializadora de Energía LTDA. El coste establecido fue de 1.096,11 reales (190,2 dólares) por megavatio-hora (MWh), con un reembolso de 41,2 millones de reales (7,15 millones de dólares) de la Cuenta de Consumo de Combustibles (CCC), fondo pagado por todos los consumidores brasileños para subsidiar la generación en sistemas aislados. La última autorizada, a finales de marzo, fue otra comercializadora de energía brasileña, BID Energy.
El texto no menciona al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) brasileño. Sin embargo, al día siguiente Nicolás Maduro distribuyó 180.000 hectáreas de tierras venezolanas al MST. Eran tierras expropiadas en 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez que formaban parte de la finca La Vergareña, en el sureño estado de Bolívar. Maduro justificó esta donación como parte del proyecto “Patria Grande del Sur”, que tendría como objetivo producir alimentos agroecológicos como frutas, caña de azúcar y frijoles tanto para Venezuela como para Brasil. En un anuncio en la televisión estatal venezolana, Maduro dijo que este sería un “proyecto cooperativo y humano liderado por movimientos campesinos alternativos de todo el mundo” en colaboración con los pueblos indígenas y el ejército. “Son tierras muy buenas para la producción, es una de las recuperaciones de tierras más importantes que se han hecho y ya hemos avanzado muchísimo en la activación de todos los planes de producción”, añadió. Para Roxana Fernández, enviada por el MST a Venezuela para asistir en directo por televisión al anuncio de Maduro, se trata de un “acto de reafirmación del compromiso del MST con el pueblo venezolano”. “El MST reafirma el principio de solidaridad e internacionalismo al realizar estos actos en este territorio, concretando y mostrando el resultado de la lucha por hacer de la tierra nuestro territorio y construir un proyecto diferente de sociedad: el socialismo”, agregó. En septiembre del año pasado, el dictador venezolano había anunciado una alianza con el MTS, también en el estado de Bolívar, para desarrollar la producción agrícola en un área de 10.000 hectáreas. En los mismos días, del 11 al 14 de marzo, en Brasil el MST promovió más de setenta manifestaciones e invasiones en todo el país para presionar a favor de la reforma agraria. Otras están previstas para abril, en el llamado “Abril Rojo”, elegido por el grupo desde hace años como mes simbólico para invadir tierras y avanzar en su agenda política. El movimiento es un importante brazo de la militancia que apoya a Lula, hasta el punto de que su Gobierno, en el presupuesto de 2025, ha destinado 750 millones de reales (130,1 millones de dólares) al movimiento.
En 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff, otro acuerdo entre el MST y el gobierno venezolano fue criticado por el entonces diputado opositor Ronaldo Caiado, hoy gobernador del estado de Goiás y precandidato a la presidencia de la República. En aquel momento, el político afirmó que el acuerdo tenía más “que ver con la formación de milicias”, y añadió que representaba una amenaza para los intereses nacionales de Brasil.
Según informa el diario O Estado de São Paulo, en los últimos meses se ha producido, en general, un nuevo acercamiento entre los gobiernos de Lula y Maduro. Esto ocurrió tras el enfriamiento diplomático por las elecciones venezolanas del 28 de julio 2024 y la posible admisión de Caracas en el bloque BRICS, a la que Brasil se opuso después de las presidenciales. “El Gobierno brasileño aprovecha la posición del nuevo presidente estadounidense sobre Venezuela para restablecer los lazos políticos tras la ruptura provocada por la fraudulenta victoria electoral de la dictadura chavista”, titula O Estado de São Paulo. Según el periodista Felipe Frazão, el objetivo sería “mantener contactos concretos y pragmáticos, centrados en la situación humanitaria de los solicitantes de asilo en la embajada argentina, que se encuentra bajo protección diplomática brasileña desde el año pasado”. En febrero pasado, por primera vez desde las elecciones venezolanas, el canciller brasileño Mauro Vieira se reunió con su homólogo Yván Gil en Paramaribo, Surinam, en la reunión de ministros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Brasil, recordemos, junto con Colombia y México, ha pedido reiteradamente a Maduro que muestre las actas electorales, pero no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Se limitó a reconocer “al Estado venezolano” de manera general y dijo que no quería romper relaciones diplomáticas con el país vecino. Mientras tanto, el 9 de mayo, según confirmó la agencia de noticias rusa TASS, Lula se reunirá con Maduro en Moscú. Ambos participarán, invitados por Vladimir Putin, en la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas liberó Berlín del nazismo. También están invitados al acto el presidente chino, Xi Jinping, que ha confirmado su presencia, y Donald Trump, que aún no ha dicho si estará en la ceremonia.
Fuente Infobae
