En un gran golpe y luego de múltiples allanamientos coordinados por el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas federales, en conjunto con la policía de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires, desbarataron una red criminal que traficaba armas ocultas en camiones hacia la República de Chile.
El modus operandi era el siguiente: los choferes imputados compraban las armas en barrios de Mendoza y en la provincia de Buenos Aires para luego contrabandearlas al país vecino por vía terrestre, a través del Paso Cristo Redentor.
El operativo para dar con esta banda se dio como resultado de casi un año de investigación. Las pesquisas realizadas por personal de la Unidad de Inteligencia Criminal de la Policía Federal de Mendoza y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) identificaron al menos a 10 personas. Asimismo, se detectaron múltiples ramificaciones de la banda que operaba en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en la provincia cuyana, el AMBA y el norte del país.
Los investigadores también establecieron algunos puntos de contacto con Brasil y se presume que el armamento procedería de la Triple Frontera, para luego pasar por Argentina y terminar en Chile. Las tareas de inteligencia constaron de múltiples intervenciones telefónicas y entrecruzamiento de movimientos financieros. De esta manera, se determinó así el rol que ocupaba cada involucrado, los lazos familiares que los unían y el enorme flujo de dinero que movían.
También se detectó que dos ciudadanos chilenos detenidos en el mes de diciembre de 2023 por la GNA en Tucumán, formaban parte de la red criminal. Estos individuos fueron identificados en un control vehicular efectuado sobre micros que transitaban a la provincia de Mendoza y en donde se les encontró un total de ocho armas de fuego entre sus prendas.
Asimismo, los detectives analizaron las transferencias dinerarias que los integrantes de la red recibían o enviaban a ciudadanos residentes en Chile, por intermedio de empresas remesadoras de divisas. Esto arrojó un total de al menos USD 120.000. Sin embargo, ninguno de los investigados contaba con el nivel de vida acorde a esas sumas de dinero.
Por estos motivos y en atención al enorme cúmulo de evidencia, las autoridades judiciales intervinientes ordenaron un total de 23 procedimientos y detenciones en Mendoza y el conurbano bonaerense, los cuales se enmarcan en otros tantos ordenados por las autoridades de Chile en dicho país.
La investigación en Buenos Aires la llevó a cabo Alejandra Mángano, a cargo de la Fiscalía Federal nro. 12, junto a Ariel Lijo a cargo del Juzgado Federal nro. 6. Ello en permanente coordinación con la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza y la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público de Chile.
