Los daños económicos provocados por el sismo que hace un mes sacudió el centro de Italia, por el que murieron 297 personas, son de al menos 4.000 millones de euros, mientras que unas 2.500 personas esperan ser realojadas, informó este viernes el primer ministro Matteo Renzi.
«Como mínimo hablamos de 4.000 millones, pero es una estimación que tendrá que ser comprobada punto por punto, pues el terremoto ha devastado pueblos, pero también ha ocasionado daños en otras zonas», explicó Renzi en una rueda de prensa.
Renzi aseguró, como hizo pocas horas después del terremoto, que el objetivo del Gobierno sigue siendo «reconstruir como era antes todas las casas y las actividades comerciales» y «sin hacer espectáculos».
El jefe de la Protección Civil italiana, Fabrizio Curcio, explicó que se da asistencia en los campos instalados a más de 3.000 personas, pero que son 2.500 las que aún duermen en las tiendas.
El objetivo de la Protección Civil es que desde hoy se comiencen a desmantelar los campos y anunció que ya este fin de semana muchas personas decidirán dejar las tiendas por las opciones que se les han propuesto, consignó Efe.
Los habitantes de Arquata del Tronto, Accumoli y Amatrice, las localidades más afectadas, podrán recibir un bono de hasta 600 euros para utilizarlo en el alquiler de una casa, o decidir alojarse en los hoteles puestos a disposición o en las viviendas aportadas por las personas que pasaban allí sus vacaciones.
También podrán volver a sus hogares todos aquellos cuyas casas han pasado los controles.
Curcio explicó que estas son soluciones provisionales en vista de la construcción de chalets de madera, para los que se tendrá que esperar al menos siete meses.
El delegado extraordinario para la reconstrucción nombrado por el Gobierno, Vasco Errani, reiteró la voluntad de reconstruir «respetando la comunidad».
Errani evitó dar fechas sobre cuánto tardará la reconstrucción de estos pueblos y aseguró que, aunque el objetivo es eliminar lo antes posibles los campos, «no se expulsará a nadie».
El delegado afirmó que el objetivo de su trabajo será el de asegurar «legalidad y transparencia» a la reconstrucción y para ello «todas las empresas que trabajaran tanto en la construcción de edificios públicos y privados tendrán que ser incluidas en «unas listas de mérito» y «los ciudadanos podrán acceder a las bases de datos para controlar todo».
A las empresas damnificadas en el terremoto se les ayudará para que puedan volver a la actividad, explicó Errani, con préstamos a fondo perdido y también se invertirá en políticas enfocadas en el turismo.
El terremoto del pasado 23 de agosto provocó 297 muertos y el derrumbe de enteros pueblos, como en el caso de Amatrice, una localidad turística donde habitaban 2.600 personas, y donde una de cada tres casas fue destruida.
Télam
