Luego de la marcha encabezada por Hugo Moyano contra el Gobierno, diputados oficialistas presentaron ayer un proyecto de ley para juzgar por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito a dirigentes sindicales como sucede con los funcionarios públicos.
La iniciativa, impulsada por el radical mendocino Luis Petri, y que también lleva la firma de Graciela Ocaña y una veintena de diputados oficialistas, propone aumentar las penas de prisión y las multas.
Así, para el delito de cohecho busca elevar las penas de tres a diez años (actualmente van de uno a seis); y por enriquecimiento ilícito pasar de entre dos a seis años, a entre cuatro y diez, además de una multa equivalente al 50 % del monto obtenido de forma ilegal.
«El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción», señaló Petri en un comunicado.
Por otra parte, contempla también que los directivos de los gremios presenten una «declaración jurada patrimonial integral» dentro de los 30 días hábiles desde la asunción, y otra actualizada una vez que abandonen el cargo.
Además, la declaración jurada deberá contener «una nómina detallada de todos los bienes» propios, de su cónyuge y sus hijos y serán publicadas en la página web del organismo.
En tanto, si un dirigente presenta inhibiciones civiles o penales no podrá liderar un gremio o dirigir una obra social.
Otros de los los diputados que se sumaron a la inicaitiva son Carlos Fernández, Julián Dindart, Pablo Torello, David Schlereth, Cornelia Schmidt Liermann, Gustavo Menna, Lorena Matzen, José Riccardo, Horacio Goicoechea, Hugo María Marcucci, Gabriel Frizza, Sergio Buil, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Martín Grande, Julio Sahad, Aída Ayala, Pablo Torello, Facundo Suárez Lastra, Natalia Villa, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez y Marcelo Monfort.
