La diputada Elisa Carrió presentó el jueves una denuncia contra dos fiscales de los tribunales de Lomas de Zamora que, según ella, garantizaron impunidad a empresarios del transporte en causas donde se los investigaba por un presunto fraude.
Concretamente, la acusación es contra los fiscales Jorge Grieco, titular de la UFI N° 4 de esa jurisdicción, y su par de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo Rossi, a quienes la legisladora acusa de haber diseñado un entramado para «congelar» la investigación sobre la posible quiebra fraudulenta de la empresa de colectivos Expreso Lomas, cuyo presidente, Luis Cvanchich, fue imputado a su vez por el juez Claudio Bonadio en una causa derivada de la conocida como «de los cuadernos».
«Vengo receptando información variada y, por distintos canales; que invariablemente remiten a una cobertura judicial garantizando la impunidad a ciertos sectores implicados en actividades delictivas. En el marco del esquema que pretendo denunciar se encuentran visiblemente implicados el sector mafioso empresarial, sindical y judicial», detalló Carrió en la denuncia, a la que tuvo acceso Infobae.
La empresa Expreso Lomas, opera tres líneas en el recorrido bonaerense con un total de 130 colectivos: la 112 (Lanús- Saavedra); 165 (Once- Monte Grande, Pompeya y Burzaco) y 243 (Monte Grande-Lomas de Zamora).
En 2013 la compañía pidió un concurso de acreedores y un proceso de quiebra que fue por sus cauces normales hasta que la jueza a cargo,b, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11, decidió la compra de 20 nuevas unidades de colectivos.
Pero los integrantes del directorio de la empresa y sus accionistas se interpusieron al acuerdo comercial con cuestionamientos y apelaciones en sede judicial y finalmente, con un pedido de recusación da la magistrada, a pesar de que la compra (y la decisión de un nuevo gerenciamiento) había sido aprobada por la Cámara de Apelaciones.
Así comenzó una guerra entre el directorio de la empresa y Vila, quien finalmente, con el aval de la Sindicatura, separó de manera cautelar al Directorio, encabezado por Cvanchich, a partir de una serie de irregularidades contables.
Este apartamiento, según denuncia Carrió, puso en escena al fiscal Grieco: «A título personal, y por su amistad con el hijo del presidente del Directorio desplazado, (el fiscal) deseaba interiorizarse de las actuaciones concursales y de los motivos del desplazamiento preventivo».
Paralelamente, dos integrantes del directorio confirmaron la denuncia contra la jueza «por sentir lesionado su honor por el desplazamiento preventivo». Llamativamente, esa denuncia cayó en la fiscalía de Grieco.
Carrió entonces interpreta en su denuncia que el fiscal «no sólo no se excusó de intervenir, atento resultar interesado y amigo de uno de los integrantes del Directorio», sino que además pidió, durante la feria judicial de enero de 2016, que le remitan la denuncia hecha por la jueza.
Según la legisladora, la causa estuvo parada todo ese año hasta que a partir de movimientos hechos desde el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Julio Conte Grand, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Violencia Institucional en Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Rossi.
Las causas que tenía Grieco pasaron a Rossi. Para Carrió, el nuevo fiscal de la causa privilegió la denuncia de los directores de Expreso Lomas a la investigación abierta por Vila sobre los posibles fraudes en la quiebra, sostenidas en cuatro denuncias hechas entre 2015 y 2016.
«Existió por parte del órgano acusador una toma de posición sospechosa e ilegal, en donde decidió no investigar los hechos denunciados por el Juzgado Civil y Comercial, y a su vez, promover e impulsar, vertiginosamente una querella de acción privada», dijo Carrió en su denuncia, y amplió: «El Ministerio Público Fiscal no explicó las razones por las cuales anestesió el trámite de la principal investigación, decidiendo impulsar una investigación en la cual el Ministerio Público Fiscal se limitó a recibir declaración testimonial a las personas que debía investigar, para luego realizar esfuerzos valorativos a los efectos de fundamentar su hipótesis».
Pero para la legisladora, lo más llamativo, en una línea que ella llama de «absurdos» y «complicidades», se dio cuando el fiscal Rossi decidió imputar a la jueza Vila de los delitos de asociación ilícita, estafa, fraude procesal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, estafa fraudulenta y quiebra fraudulenta, y finalmente la citó a declaración indagatoria. Según Carrió, Rossi incluso aclaró que no la detenía porque Vila es jueza.
Este mecanismo sirvió, según la diputada chaqueña, para que el directorio pidiera su juicio político y la recusación de la magistrada. Por eso acusa a Rossi y Grieco de los delitos de prevaricato y encubrimiento agravado por sus funciones.
Luis Cvanchich es uno de los casi 50 empresarios imputados por Bonadio en una causa donde también están acusados al ex ministro de Planificación Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por los millonarios pagos de subsidios al gasoil entregados al sector de colectivos entre 2003 y 2014.
