Elisa Carrió jugó una nueva carta en su embestida contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti . La diputada acusó al juez de haber realizado operaciones financieras a través de la mutual Pyme Rural, una organización investigada por cambios de cheques en la causa por irregularidades con el dinero de Fútbol para Todos.
La diputada pidió a la jueza María Romilda Servini -a cargo de dicha causa- que investigue, además, a cinco ex socios del presidente de la Corte que realizaron operaciones en la mutual por $ 100 millones en los últimos meses de 2015.
Ante la consulta de LA NACION, en el entorno de Lorenzetti negaron la acusación. «La mutual tiene unos 10.000 asociados que depositan su dinero y cobran como en un banco (son absolutamente legales). Un par de clubes chicos puede haber tenido cheques, pero no tiene relación con otros depositantes», dijeron. Y remarcaron: «No hay ninguna imputación [en la causa] ni irregularidad».
La líder de la Coalición Cívica aseguró en su escrito que el propio Lorenzetti concretó operaciones por $ 400.000 a su nombre y que, además, inscribió -junto con otro socio de la mutual- la firma Paideia SRL para realizar transacciones con Pyme Rural.
Pero el escrito de Carrió deberá esperar una resolución previa, ya que la jueza Servini fue recusada esta semana en la causa Fútbol para Todos por la mutual, que consideró que la magistrada no fue imparcial en la instrucción de la causa. La investigación está ahora a la espera de una resolución de la Cámara Federal.
«La jueza pidió informes a 80 bancos sobre Lorenzetti sin tener ningún fundamento ni dar participación al fiscal», acusaron cerca del presidente de la Corte.
La relación entre Lorenzetti y Servini se deterioró especialmente en los últimos días, cuando la Corte estableció los 75 años como la edad jubilatoria de los jueces. La magistrada, de 80 años, entendió que el fallo del tribunal estaba «digitado» para desplazarla, aunque no deberá renunciar porque tiene un amparo firme de la Justicia.
«Lorenzetti está en la denuncia y yo estoy investigando una mutual (Pyme Rural), dentro de varias mutuales que la Cámara Federal me exigió que investigue», dijo la jueza la semana pasada.
Ex socios
Carrió aseguró en su escrito que seis firmas integradas por Carlos Tita, Gustavo Tita, Reynaldo Casabella, José Abdullatif y Leonardo Parra realizaron operaciones por $ 100 millones con Pyme Rural. Todas estas personas -afirmó la legisladora- fueron socias del presidente de la Corte Suprema. «Las personas mencionadas tienen en común haber conformado la sociedad Apreme SRL en 1996. El propio Lorenzetti integró dicha sociedad en su origen», escribió.
Por último, la líder de Cambiemos pidió que se requieran al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) todos los registros de la mutual Pyme Rural en el período 2014-2017 para incorporarlos al expediente como prueba.
Después de la polémica por el fallo que establecía la edad jubilatoria de los jueces, Lorenzetti envió el martes una carta documento a Carrió y a Servini para que se retracten de sus acusaciones públicas. La diputada dobló la apuesta: presentó ese mismo día un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte.
Hubo más. Horas después, Lorenzetti anunció que denunciará a Carrió por calumnias e injurias. El juez prepara ahora su demanda, en la que incluirá buena parte de las réplicas a las acusaciones de la diputada.
«El presidente de la Corte Suprema de Justicia, en vez de querer intimidar con cartas documento, debería dedicar su tiempo a mostrarle al pueblo argentino su declaración jurada», dijo Hernán Reyes, dirigente de la Coalición Cívica. La última declaración jurada que se conoce de Lorenzetti es de 2014.
Mientras espera la resolución de la Cámara Federal, la diputada Carrió ya comenzó las conversaciones en la Cámara de Diputados para percibir con mayor precisión cuál es el clima para impulsar el juicio político contra el juez Lorenzetti.
Fuente: la nación
