La Sala I de la Cámara Federal de Casación Federal confirmó el procesamiento y embargo por un millón de pesos del ex director ejecutivo del PAMI Luciano Di Césare por defraudaciones cometidas en el organismo y ratificó al juez Claudio Bonadio en la causa.
El tribunal integrado por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó la recusación planteada por Di Césare contra Bonadio.
La sala también desestimó la nulidad intentada por la defensa y confirmó el procesamiento y el embargo trabado por un millón de pesos contra el ex funcionario por el delito de «administración fraudulenta» a raíz de irregularidades en la inversión de fondos del organismo en Letras del Tesoro Nacional.
Según consta en la causa, hubo una millonaria inversión en Letras del Tesoro del Estado Nacional que habría impedido a la obra social contar con dinero para afrontar la atención de afiliados.
El procesamiento había sido dictado en primera instancia por el juez Bonadio, quien había sido duramente cuestionado por el ex funcionario nacional, y ratificada luego por la sala II de la Cámara Federal porteña.
Se trata de más de 2.800 millones de pesos que, desde fines de 2008 a fines de 2012, el director ejecutivo Di Césare decidió colocar en Letras del Tesoro del Estado Nacional que -según advirtió la Justicia- fueron renovadas ininterrumpidamente, «sin intervención de áreas a priori competentes para emitir opinión», por lo que el PAMI no contó con disponibilidad inmediata de los fondos.
Di Cesare, sin embargo, había negado las acusaciones en su contra al señalar que «el Estado devolvió el pago más sus intereses en 2012», y que la suma por la que se lo imputa surge de «la diferencia de los intereses entre tener el dinero en plazos fijos y haber adquirido las Letras del Tesoro».
«No se me acusa de haber tenido algún beneficio personal, sino que para Bonadio soy culpable de haberle hecho ganar a los afiliados de PAMI mas de 293 millones de pesos», cuestionó Di Césare, quien remarcó además que «no existe ilegalidad en la compra de Letras del Tesoro» y señaló que «es una falacia» decir que las prestaciones o sus pagos fueron afectadas.
Además de este procesamiento, Di Césare tiene otro en una causa que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo por «administración fraudulenta» en perjuicio de la administración pública, a raíz de una denuncia impulsada por el actual titular del organismo, Carlos Regazzoni.
En la investigación, el magistrado sostuvo que existen elementos para establecer que Di Cesare defraudó al Estado Nacional por la suma de 1,3 millones de pesos, al liquidarse las vacaciones del año 2004 al 2012, de las cuales no tenía derecho a percepción por encontrarse «vencidas».
Fuente: Infobae
