Los abogados defensores de cinco enjuiciados por su presunta participación en el secuestro y ejecución de Mario Agustín Salto solicitaron la absolución de sus clientes, al formular sus respectivos alegatos.
En primer término, expuso la defensora penal oficial Claudia Luna, quien representa a Daniel Sosa. En su alocución, sostuvo que no está acreditado que su pupilo haya estado en la zona de la represa el día y en el horario en que se produjo la desaparición del niño. Por el contrario, afirmó que hay testigos que lo ubican trabajando en un parador de Quimilí y que no conocía a varios de los otros imputados de la causa.
Por esa razón, es que requirió la absolución lisa y llana de Sosa, para quien la Fiscalía había pedido que se lo condene a prisión perpetua, por ser supuesto partícipe necesario de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real de delitos.
Luego, fue el turno del letrado que representa a Miguel Ángel Jiménez. Sobre el particular, Manuel Chaves cuestionó la investigación policial, descartando que su cliente haya sido el líder de un grupo que practicaba ritos satánicos.
Además, consideró que la acusación como presunto autor material de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad, además, de ser presunto autor intelectual de abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real de delitos, no tiene elementos objetivos como para sostenerla.
Por ende, peticionó que se absuelva a Jiménez y se ordene su inmediata liberación.
Por su parte, Martín Jiménez Soria, asesor letrado de Gustavo Hernández, desligó cualquier participación o vinculación con el caso de su cliente, para lo cual se refirió a sus cualidades personales y laborales. En su mensaje, abogó por la exclusión probatoria de los elementos secuestrados en la vivienda del enjuiciado, a la vez que adujo que no conocía a casi ninguno de los otros imputados.
Entonces, peticionó al Tribunal que se absolviera lisa y llanamente a Hernández o, eventualmente, que fuera por el beneficio de la duda. Y en caso de hallarlo culpable de supuesto encubrimiento agravado, que se aplicara la pena mínima para ese delito, para que no implique su detención.
Finalmente, fue el turno del letrado que defiende a los hermanos Ramón y Daniel Ocaranza, quienes están procesados como supuesto encubridores. En ese sentido, Jorge Navarro recordó que los jóvenes estuvieron presos en un primer momento y que luego los liberaron. Sin embargo, en una segunda etapa de la causa, volvieron a ser detenidos.
En su opinión, no existen pruebas contundentes como para vincularlos con el crimen de “Marito”, por lo que peticionó la absolución de ambos. Si los magistrados no lo consideran así, dijo que debía tenerse en cuenta que Daniel Ocaranza era menor de edad cuando se produjo el crimen, por lo que debe aplicarse lo preceptuado en la ley de minoridad. Y en el caso de su hermano, que la eventual condena sea por el tiempo mínimo contemplado para la figura penal que se le atribuye.
