El juicio más resonante de la historia española reciente se zanjó hoy con la absolución de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y la condena a seis años de prisión para su esposo, Iñaki Urdangarin, acusado de cometer un gigantesco fraude a las arcas públicas.
Después de meses de ansiedad, la Casa Real respiró con el anuncio de la sentencia en los tribunales de Palma de Mallorca. Era el mejor resultado posible, dadas las circunstancias.
La condena a Urdangarin resultó más suave de lo esperado y la infanta, para quien la querella pedía ocho años de cárcel, sólo deberá asumir una multa de 512.000 euros a medias con su esposo por responsabilidad civil.
El daño acumulado del caso Nóos, de todos modos, ya resultó brutal para la monarquía española. El prestigio de la Corona se derrumbó, al punto de hacer inevitable hace dos años y medio la abdicación de Juan Carlos, padre de Cristina. Su hijo Felipe batalla desde entonces, con un perfil discreto y modos austeros, para recomponer el lazo de la institución con la sociedad.
«Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial», dijo de inmediato una fuente de la Casa Real. No habrá otra reacción oficial de la institución. El rey inauguraba una exposición artística en el Museo Thyssen de Madrid mientras se conocía la noticia.
En un fallo unánime de 1000 páginas, las juezas del tribunal consideraron a Urdangarin culpable de cuatro delitos: fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y evasión.
La Fiscalía Anticorrupción de las Islas Baleares -que había pedido 19 años para Urdangarin- valorará en las próximas horas si reclama el ingreso inmediato a prisión del cuñado del rey. Pero es muy probable que se le permita seguir en libertad mientras duran las apelaciones.
Urdangarin y su esposa siguieron el anuncio de su destino a la distancia. Optaron por quedarse en Ginebra, Suiza, donde viven con sus cuatro hijos desde 2013.
El escándalo estalló hace seis años cuando se hicieron públicos los negocios irregulares de Urdangarin como director del instituto Nóos, una supuesta entidad benéfica de promoción del deporte.
Nóos facturó 17 millones de euros entre 2004 y 2006 por servicios que en la mayoría de los casos no cumplía o cuyo precio estaba notablemente inflado. De esa cantidad, 6,4 millones de euros provinieron de contratos públicos otorgados a dedo por los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid.
Una investigación judicial probó que Urdangarin y su socio, Diego Torres, habían creado una red de empresas fantasma que facturaba servicios falsos a Nóos. Así, el dinero de los contratos públicos terminaba en sus cuentas particulares.
Parte de los fondos se desvió a la sociedad Aizoon, de propiedad compartida a medias por Urdangarin y la infanta Cristina. La pareja atribuyó a esa empresa todo tipo de gastos personales, algo que el juez instructor José Castro interpretó como una maniobra de lavado de dinero. Por eso mandó a juicio oral a la hermana del rey. Nunca antes un familiar directo de un monarca europeo se había sentado en el banquillo de los acusados por una causa de corrupción.
Las juezas del tribunal, al igual que el fiscal y la Abogacía del Estado, creen que ella no cometió delitos a sabiendas. Consideraron que incurrió en una falta civil. Por eso le impusieron una multa. Ella ya había pagado preventivamente un monto mayor, por lo que procederá una devolución.
La culpa se cargó en Urdangarin, un ex jugador profesional de handball de 49 años que gozaba de una imagen impecable hasta que la Justicia posó su mirada en él. Y también en su socio, que recibió una pena de ocho años y seis meses. El tribunal condenó además a seis ex funcionarios que aprobaron los contratos irregulares a Nóos. Otros ocho acusados fueron absueltos.
La redacción de la sentencia fue tortuosa, según admiten fuentes judiciales. El juicio oral se desarrolló entre enero y junio del año pasado. Se necesitaron ocho meses de trabajo y negociaciones entre las magistradas para llegar a la revelación de esta mañana.
Martín Rodríguez Yebra/ La Nación
