La Justicia belga decidirá el 14 de diciembre si entrega a la Justicia española al ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su destituido gobierno huidos a Bélgica.
Tras una vista de tres horas y media este lunes ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que debe decidir sobre la extradición, los jueces anunciaron que la sesión de anuncio de la aceptación o rechazo de este recurso será la próxima semana.
Puigdemont, además de Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, están acusados de rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación. Se podrían enfrentar a una pena de cárcel de hasta 30 años.
A un mes de las elecciones en Cataluña, el sentimiento independentista, bajo la lupa
Mientras el Tribunal Supremo español decidió esta mañana liberar de su prisión preventiva a varios ex miembros del destituido gobierno catalán pero mantener encarcelados, entre otros, al ex vicepresidente Oriol Junqueras, Puigdemont sigue desde Bélgica haciendo campaña electoral para los comicios regionales del 21 de diciembre. Los sondeos colocan a su candidatura como cuarta fuerza política.
Tras la decisión tomada este lunes por el juez o la jueza (su identidad, según el código procesal belga, se mantiene en secreto) el próximo día 14 se conocerá la decisión. El mismo día que empieza la última cumbre europea del año y en la que, por protocolo, el presidente español Mariano Rajoy estará sentado junto al primer ministro belga Charles Michel.
Tanto las defensas de los acusados como la Fiscalía (España no está representada en el juicio pero la Fiscalía belga apoya la extradición) pueden recurrir, 24 horas después de que se emita la decisión de este tribunal de primera instancia, ante el Tribunal de Apelación, que tendría otros 15 días para decidir. Y aún habría otra instancia judicial superior, el Tribunal de Casación, ante la que las dos partes podrían presentar una última apelación.
El plazo marcado para decidir estas «órdenes europeas de detención y entrega» (el sistema que sustituyó en los países de la Unión Europea a las antiguas extradiciones y que no tiene intervención del poder político porque se hace entre instancias judiciales del país que la pide y el que la debe conceder) es de un máximo de 60 días que puede alargarse a 90 días en circunstancias excepcionales.
Si las defensas o la Fiscalía, así como los jueces, agotaran los plazos del proceso y usaran todas las apelaciones posibles, la decisión final podría conocerse a principios de febrero. A partir de ahí, si la Justicia belga decidió entregar a Puigdemont a España, la Policía tendría 10 días para hacer efectiva la entrega.
Los abogados de la defensa usaron ante el tribunal dos argumentos jurídicos para intentar evitar la extradición. El primero es técnico y consiste en explicar que en el código penal belga no existen exactamente igual los delitos por los que se los acusa en España.
El segundo argumento es más conflictivo y político. Se trataría de alegar que Puigdemont y los otros cuatro acusados no son perseguidos por cometer delitos sino como venganza política y que en España tendrían un juicio político y sin derechos.
Es el argumento más difícil de aceptar entre los países de la UE, que se reconocen como democracias que respetan los derechos fundamentales.
El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, asegura que “España viola los derechos humanos”. Cuando el diario ‘L’Echo’ le preguntó por qué fue elegido por el ex presidente catalán para organizar su defensa, Bekaert respondió: “porque tuve éxito defendiendo a vascos”. Se refiere a ex miembros del grupo terrorista ETA.
Clarín
