Un grupo de legisladores provinciales de Chaco impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en todas las localidades de esa provincia que fueron afectadas por las últimas inundaciones.
La propuesta impulsada por los legisladores Rubén Aquino, Andrea Charole, Nadia García Amud, Liliana Spoljaric y María Vargas, del oficialista Frente Chaco Merece Más, no indica el total de la población que sería beneficiada si se instrumenta la medida, aunque sí indica que será por 180 días.
En la misma se propone que el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Desarrollo Social) «realice las gestiones necesarias ante autoridades del gobierno nacional para ampliar los montos asignados en la Tarjeta Alimentaria, y efectivizar un refuerzo en la asistencia alimentaria».
Los diputados también pidieron que «se incremente la asistencia de manera directa en comedores escolares, centros y merenderos comunitarios». La dura situación comenzó con fuertes lluvias en enero, que hicieron que los ríos desbordaran y causasen graves pérdidas y complicaciones.
Entre los fundamentos de la iniciativa se sostuvo «la necesidad de paliar el impacto de la situación de los sectores más vulnerables, que se ven afectados por la crisis económica y que se profundizaron por las inclemencias climáticas que causaron grandes daños y pérdidas en las zonas de sudoeste chaqueño».
También se propuso «garantizar y reforzar las necesidades básicas de aquellos habitantes que lo perdieron todo. Muchos de ellos viven del trabajo en el campo y actualmente se quedaron sin ese sustento al verse afectados por la pérdida de la mayor parte de la producción de algodón, maíz, alfalfa, soja y girasol, y también de la producción ganadera que quedó bajo el agua».
A esto sumaron «el contexto marcado por los indicadores sociales y económicos con cifras negativas de inflación, el aumento de tarifas y la quita de subsidios que impactan directamente en forma negativa de los sectores más bajos de la población chaqueña».
El proyecto de ley habilita al Poder Ejecutivo «a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que fueran necesarias, a los efectos de proveer los fondos adicionales requeridos para la implementación de la presente ley durante el plazo de vigencia de la misma».
