«Frente a traidores y traidoras, demostrarles que no podrán con nuestro pueblo, así salgan mil traidores. Nosotros somos la lealtad y el amor.» Las palabras de Nicolás Maduro pusieron en marcha la cuenta regresiva: cinco días para la destitución de la fiscal rebelde.
Pero el alto tribunal no perdió el tiempo: aprovechó la jornada para imponer a una vicefiscal a su medida, llamada a hacerse cargo de la fiscalía, y dio inicio al antejuicio de mérito contra la fiscal el mismo día en que las víctimas mortales de las protestas aumentaban a 91.
La sentada nacional propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó que los famosos colectivos revolucionarios (paramilitares) están desatados, como si quisieran probar sus fuerzas de cara al plebiscito popular programado por la oposición para el día 16. Atacaron con impunidad una clínica en Caracas, dispararon contra manifestantes y se exhibieron sin rubor en sus caravanas de la muerte.
Contra ellos, contra sus jefes y contra los jueces del Supremo arremetió sin cortapisas la fiscal, quien se negó a participar en un «circo cuya resolución ya está cantada».
Ayer fue más allá al repetir, con sarcasmo, dos palabras tabú para el madurismo: narcosobrinos y Odebrecht. Ambos escándalos están relacionados con el círculo más próximo del presidente, ya que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también participó en la supuesta fiscalización de las obras inacabadas por la empresa brasileña.
«No he cometido delitos ni faltas y no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Si el TSJ decide removerme de mi cargo tendré el deber de colaborar con el restablecimiento de la democracia», adelantó Ortega. «Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona», subrayó la fiscal, recordando la intentona contra Hugo Chávez de 2002 y golpeando de paso la línea de flotación del chavismo.
La fiscal pulverizó las acusaciones desplegadas por el diputado Pedro Carreño, mano derecha del radical Diosdado Cabello, ambos de pasado militar. Ortega aportó incluso un párrafo de la acusación en donde se incluye parte de una sentencia que el Supremo publicó una semana más tarde. «¿Cómo se explica que el diputado tenía conocimiento de la futura sentencia? Será pitoniso, puede ver el futuro», ironizó la fiscal.
Al menos, el «hijo de Chávez» cuenta desde ayer con una vicefiscal obediente, Katherine Hurrington, impuesta por el TSJ usurpando las funciones de la fiscal y los poderes de la Asamblea.
Fue la acusadora pública contra Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas; es asesora del Sebin (servicio de inteligencia) y está sancionada por Estados Unidos, que le congeló sus bienes y le prohibió la entrada al país, por «perseguir penalmente a los disidentes con pruebas fraudulentas».
Daniel Lozano/La Nación
