El chavismo se vio obligado a dar marcha atrás, pasada la medianoche en Caracas, tras la rebelión interna encabezada por la fiscal general del Estado y en medio de la reprobación de medio mundo tras la disolución de facto del Parlamento.
El Consejo de Defensa Nacional, convocado de urgencia por Nicolás Maduro , decidió «revisar las decisiones» adoptadas por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que no solo culminaban la toma de la Asamblea Nacional tras 15 meses de asedio constante, sino que también arrebata la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores por «traidores a la patria» y confería al «hijo de Chávez» superpoderes para gobernar, legislar e incluso ejercer como juez.
El objetivo de lo que inicialmente parece una marcha atrás gubernamental es «mantener la estabilidad constitucional», según el comunicado leído por el vicepresidente Tareck El Aissami.
En la reunión no participó Luisa Ortega, fiscal general, pero sí estuvo presente Maikel Moreno, presidente del TSJ, así como el general Vladimir Padrino López y la canciller Delcy Rodríguez. El presidente de la Asamblea, Julio Borges, fue invitado formalmente, pero rechazó participar ante el «golpe de estado» sufrido en el país.
«¡Victoria constitucional!», clamó el presidente tras resolver lo que él mismo definió como un «impasse» o controversia entre poderes revolucionarios, pese a que su cancillería apoyó las decisiones judiciales horas antes de que la fiscal denunciara la ruptura del orden constitucional. «En Venezuela hay plena vigencia de la democracia y de los derechos humanos», insistió el primer mandatario, tras la ola de repudio que ha recurrido el mundo y que ha provocado que países latinoamericanos como Perú, Colombia y Chile hayan retirado a sus embajadores. Previamente, Maduro, que había denunciado el linchamiento mediático y diplomático contra Venezuela, rechazó lo que definió como intervencionismos groseros.
El Consejo de Defensa de la Nación, que es el máximo órgano de consulta, insistió en la disposición para el diálogo del oficialismo y exhortó «a la oposición nacional a incorporarse al diálogo nacional promovido por Unasur». La Mesa del Diálogo está suspendida desde diciembre pasado, tras incumplir el gobierno los acuerdos alcanzados con la oposición. El Vaticano, facilitador de las negociaciones, afeó la postura del gobierno en una carta escrita por su secretario de Estado, Pietro Parolin, al propio Maduro.
Dniel Lozano/La Nación
