Este será el segundo proceso constituyente que vivirá el país desde el retorno de la democracia en 1990, ya que el primero terminó con el fracaso de la Convención Constitucional, luego del amplio triunfo de la opción rechazo con el 61% de los votos en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.
Surgido de un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, se da en un marco de menor interés ciudadano que el anterior.
Este bajo interés se debe a que “la agenda fue tomada por otros temas sobre los que la ciudadanía está preocupada, dentro de ellas la seguridad”, lo que “jugó en contra en términos de peso relativo” a este nuevo proceso, dijo a Télam Nerea Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (Udp).
Además, se da en un contexto distinto, ya que en 2019 existía un descontento social y político “que se venía acumulando hace mucho tiempo”, pero que, finalmente, el proceso “no fue capaz de canalizar», apuntó la experta.
Ese proceso anterior venía impulsado por el estallido de 2019, cuando millones de personas marcharon por las calles de Santiago y otras ciudades con reclamos ciudadanos y de justicia social, y con el pedido de redactar una nueva Constitución, para poner fin a la que rige desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Palma apuntó que otro aspecto que diferencia ambos procesos es que el anterior “proponía una serie de cambios, más allá de malos o buenos, bastante importantes respecto al status quo actual”, mientras que «el nuevo proceso constituyente está más bien por cambios a escala más pequeña».
«Eso me parece que es fruto del proceso constitucional rechazado el 4 de septiembre de 2022», indicó la académica.
Sin embargo, dijo que ve una similitud entre ambos enfocada a la actitud de la clase política chilena, al “intentar” ser protagonista en la redacción de la carta magna.
“Por un lado, la izquierda tuvo una actitud muy avasalladora, no dio espacio a diálogo y eso fue bastante negativo para el proceso (anterior) y ahora la derecha está tratando de aplicar esa actitud, pero en la agenda (seguridad) de hoy”, añadió.
Las 50 personas que sean elegidas mañana integrarán el Consejo Constitucional, que deberá redactar la nueva carta magna a partir del anteproyecto que está escribiendo la Comisión de Expertos, compuesta por 24 personas elegidas por ambas cámaras legislativas.
Al igual que ocurrió con la Convención Constitucional anterior, se utilizará el principio de paridad de género con igual proporción de hombres (25) y mujeres (25).
Entre los 353 candidatos solo hay un independiente, dos que competirán por escaños reservados para pueblos originarios y los demás formarán parte de las cinco listas electorales: Todo por Chile (centro y centro izquierda), Unidad Para Chile (mayoría de los partidos de Gobierno), Chile Seguro (partidos de la coalición de derecha Chile Vamos), además de los candidatos del Partido Republicano (colectividad de ultraderecha liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast) y del Partido de la Gente (liderado por el excandidato presidencial Franco Parisi).
Para Palma, dentro del Gobierno de Gabriel Boric hay «más un ambiente de cautela» con este proceso, porque «el rechazo a la propuesta del año pasado fue una derrota política muy importante”.
A la vez, consideró que si el nuevo proceso es aprobado y genera cambios a menor escala que el anterior, “la oposición podría decir que Chile no quería cambios tan profundos”.
“Desde ese punto de vista, el Gobierno se la jugó por una opción que perdió y que triunfe este nuevo proceso, si es que es acompañado a cambios de menor escala, sería implícitamente malo para el Ejecutivo de Boric”, señaló la académica.
Las elecciones de mañana serán con voto obligatorio y en caso de no asistir, las personas arriesgan multas que van desde las 0,5 a las 3 UTM (entre 38 y 230 dólares).
Sobre la participación ciudadana, Palma consideró que podría ser “similar a la del proceso anterior del 4 de septiembre”, pero lo que los diferencia es que “el plebiscito del 4 de septiembre fue con un nivel de movilización bastante importante y no existe el mismo nivel de efusividad por la elección actual».
«Si bien es plausible que tengamos niveles de participación similar, no creo que sea superior”, añadió.
Este Consejo comenzará sus funciones un mes después de las elecciones, para luego entregar un texto constitucional a la ciudadanía el 7 de noviembre.
Finalmente, el 17 de diciembre se realizará un plebiscito de carácter obligatorio, en el que el país decidirá si aprueba o rechaza esta nueva Constitución.
El Tribuno
