El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes la prórroga hasta el 11 de noviembre del estado de excepción en el conflictivo sur, lo que implica la militarización de esta zona en disputa con los mapuches, el principal pueblo indígena del país.
“La región de La Araucanía y el Biobío han sufrido gravemente lo efectos de la violencia, los ataques de bandas del crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera”, indicó el mandatario conservador.
El objetivo de la medida, agregó en rueda de prensa, es “contar con todos los medios y capacidades que la Constitución y las leyes nos otorgan para enfrentar con mayor eficacia la violencia que desafía y produce daño a las familias, a las instituciones y al Estado de derecho”.
El decreto, vigente desde el 12 de octubre, abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía. Para una tercera extensión deberá contar con la autorización del Congreso.
Estas y otras zonas del sur han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.
Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta hace tiempo al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.
Entre las competencias que tienen los más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la zona están el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje.
Gracias a la presencia militar de los últimos 14 días, se han arrestado a más de 30 personas sobre las que pesaba ya una orden de detención y ha habido una reducción “a la mitad de los atentados incendiarios y a la quinta parte de las usurpaciones de propiedades”, señaló el gobernante.
La medida, solicitada por los sectores más conservadores, fue criticada por la oposición y los movimientos indígenas, que acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el enconado conflicto.
“Este estado de emergencia, lo quiero decir con todas sus letras, no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo en especial”, concluyó Piñera.
La violencia en el sur, especialmente en esta zona, se arrastra hace décadas y los gobiernos democráticos electos desde 1990, tras el fin de la dictadura militar (1973-1990), han fracasado en sus intentos por frenarla a pesar de disponer de una fuerte presencia de la policía militarizada.
Héctor Llaitul, de la rebelde Coordinadora Arauco-Malleco, tras conocer la dictación del estado de excepción, dijo que “el gobierno está apagando el fuego con bencina”.
El 12% de los 19 millones de chilenos son mapuches descendientes del pueblo originario de Chile, que nunca fue conquistado por los españoles y fueron dominados por el Estado chileno en el siglo XVIII.
