Chile demanda a la CIJ que declare el Silala un río internacional de cauce sucesivo y de uso de aguas compartidas. Por su parte, Bolivia sostiene que el Silala es un afluente que nace en su territorio en manantiales y en aguas subterráneas y exige a Chile el pago por el uso de estas aguas.
La demanda ocurre luego que Chile admitió el pago del 50% del uso de las aguas en un preacuerdo alcanzando con Bolivia en mayo de 2009. Pero, Bolivia planteó dos años después que el pago sea desde la concesión de las aguas a Chile a principios del siglo XX, reconociendo una deuda histórica.
Con esta demanda, Chile «resguarda sus derechos de uso sobre las aguas del río Silala» ante la postura de Bolivia de «que era dueña del 100% de sus aguas», según un documento entregado a la prensa por la cancillería chilena.
Con la demanda sobre el Silala, Chile reaccionó a la acusación que un año antes lanzó el gobierno del expresidente Evo Morales alegando que Santiago estaba «robando» las aguas de este río, en el marco de una estrategia para mostrarlo internacionalmente como un «Estado abusador».
En agosto de 2018, Bolivia presentó sus argumentos a la demanda chilena y «contrademandó» al país en la misma causa, afirmando que una parte importante del flujo de agua que corre hacia Chile es de carácter artificial y que debe pagar por su uso.
Los alegatos se inician el viernes y concluyen el 14 de abril. La CIJ no tiene un plazo definido para entregar su fallo final pero la delegación chilena espera que sea un trámite rápido y se conozca la sentencia en unos seis meses más.
Chile y Bolivia carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, tras infructuosas negociaciones por resolver la demanda marítima boliviana.
Santiago pide a la CIJ que declare el Silala como un río internacional y estipule su uso «equitativo y razonable».
Los chilenos argumentan que, por efecto de la pendiente natural, el agua que usa no impacta a Bolivia. «Por efecto de la gravedad el agua sólo puede fluir hacia territorio chileno», dice el texto de la cancillería chilena.
El 37% de las aguas del Silala, Chile las destina al consumo humano de la ciudad de Antofagasta y el resto para la minería del cobre, metal del que es su principal productor mundial.
En tanto, Bolivia sostiene que el curso de las aguas del Silala fue intervenido de manera artificial tras canalizaciones realizadas en el siglo pasado, a partir de la concesión que entregó el gobierno de Bolivia a una empresa de ferrocarriles de capitales británicos y chilenos.
«Hay razones jurídicas fundadas que hacen más sólida la posición chilena. Entre otras cosas, porque Bolivia ha tenido algunos cambios en su argumentación a lo largo de tiempo. En cambio la posición chilena es históricamente más coherente», asegura a la AFP el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda.
El analista internacional resalta que se trata de un caso menos «bullado» que el anterior, sin campañas mediáticas por parte de ambas cancillerías para sensibilizar a la opinión pública internacional.
El Silala tiene una extensión de 10 km, seis de ellos cruzan a territorio chileno.
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