El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció este lunes que derogará la ley de zonificación minera que la semana pasada generó fuertes protestas de organizaciones ambientalistas en la provincia y que impulsará la convocatoria a un plebiscito a nivel provincial «para escuchar a todas las voces del pueblo» en este tema.
Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, luego de que se produjeran masivas marchas en rechazo a la ley.
El mandatario afirmó que de esta forma abrirá «un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra».
El miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó la ley de zonificación minera en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región.
«Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud», planteó esta tarde Arcioni.
Allí anunció su decisión de «derogar la ley» e «impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo».
El jueves pasado, el gobernador promulgó la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, que avala la «diversificación productiva» en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.
La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los US$ 1.000 millones, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.
La norma había quedado registrada como «XVII N° 149» y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, tras su sanción en la Cámara de Diputados provincial por 14 votos a favor y 11 en contra.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo chubutense el año pasado y tenía dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la Legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó el miércoles y un día antes de lo previsto en la agenda de trabajo legislativa.
La Ley buscaba promover el desarrollo productivo en la Meseta Central de Chubut, la zona más postergada de la provincia, mediante un equilibrio de tres aspectos vinculados con el desarrollo sostenible, mediante la «inversión para el desarrollo económico, promoción de la equidad social y cuidado ambiental».
En ese sentido, la norma ahora derogada ponía énfasis en generación de empleo local y la promoción de la cadena de valor chubutense, y creaba un Observatorio de la actividad industrial minera, como órgano consultivo y social participativo, sobre aspectos sociales, ambientales y cadena de valor.
Además, creaba el Observatorio de Recursos Naturales, integrado por tres centros de investigación para la Gestión y Monitoreo Ambiental para la Minería; para el Desarrollo de la Actividad Minera y para el Desarrollo Productivo de la Meseta.
La sanción del proyecto había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un «importante paso hacia adelante» que contribuiría al «desarrollo de la industria» en la provincia y el país.
«Es una herramienta válida para comenzar a transitar con la prudencia que merita el rubro, el camino de la producción y de la industria minera, y hacerlo, además, es pensar en desarrollo, crecimiento, trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas de la provincia del Chubut», manifestó en esa oportunidad el Cofemin.
Tras los hechos de las últimas jornadas, el Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció esta mañana la creación de un equipo especial que «se encargará de investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera, para identificar a los vándalos que produjeron los destrozos a los edificios públicos y también si hubo compra de voluntades» entre los diputados que lo aprobaron.
«Son tres expedientes que se abrieron», explicó Jorge Miquelarena en una conferencia de prensa que se realizó en una de las pocas oficinas que quedaron en condiciones, tras el raid de incendios de edificios públicos registrados en el marco de la protestas.
El tema generó en las últimas jornadas nuevos posicionamientos públicos, entre ellos especialistas que negaron que los proyectos habilitados por la ley de zonificación produzcan un consumo excesivo de agua que provoque su desabastecimiento, y comprendan al río Chubut, el principal curso de agua de la provincia, cuya cuenca cubre el 60% de la superficie provincial; a la vez que relativizaron la contaminación atmosférica.
«Lo que está muy claro es el desconocimiento de la temática por mucha gente, pero también hay mala información que es adrede», opinó Carlos Scatizza, hidrogeólogo y presidente de la empresa Hidroar, la cual en 2011 descubrió la Cuenca de Sacanana, lugar que contiene una enorme reserva de agua.
En dicha cuenca se ubica el yacimiento de plata del Proyecto Navidad que con la ley de rezonificación se habilitará el inicio de su explotación.
En similar sentido, el investigador en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Jorge Zavatti, puntualizó que «el proyecto de zonificación no es un proyecto de zonificación de todo Chubut sino solo para Telsen y Gastre», y destacó que «en ambos departamentos toda el área que rodea los cursos del arroyo Telsen y el río Chubut queda por fuera de la zona habilitada para el desarrollo de la minería».
Del otro lado de la discusión, quienes se oponen a la ley, aseguran que la empresa minera Pan American Silver, propietaria del proyecto, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.
«La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos», sostuvo un documento firmado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTERA, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima, y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Masristella Svampa y Rita Segato.
Fuente: telam
