La Justicia Federal de Salta investiga a unos 200 empleados públicos salteños por el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo. Esta causa se desprende de las actuaciones iniciadas por Guillermo Marijuán, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla la nueva cartera de Capital Humano- con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.
La causa está a cargo del titular del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, el fiscal federal Ricardo Toranzos, con el objetivo de verificar la situación de los empleados públicos salteños que habían percibido el beneficio económico que estaba dirigido a personas en estado de vulnerabilidad, pese a tener un trabajo registrado.
Salta es una de las 14 provincias investigadas por Marijuán por irregularidades de este estilo. La lista se completa con Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa y Santa Cruz.
Todo comenzó en noviembre de 2023, cuando el fiscal federal solicitó las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. No todas contestaron, por lo que algunas ya fueron intimadas a hacerlo.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
De esta manera, Marijuán trasladó los resultados alcanzados a los fiscales federales de turno de cada una de las provincias mencionadas y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”. En consecuencia, como en sucede en el caso de Salta, cada provincia deberá iniciar sus investigaciones correspondientes.
Durante la administración de Alberto Fernández, el programa social, que era administrado desde el área de Emilio Pérsico, dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Movimiento Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos.
Además del hecho de tener un trabajo formal registrado, las bases del plan Potenciar Trabajo especifican que no pueden acceder al programa “aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Como primera respuesta a las averiguaciones realizadas por Marijuán, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó la baja de 4.588 planes Potenciar Trabajo, tomando una postura distinta a la de su antecesora, Victoria Tolosa Paz, que está imputada en otras dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa.
Uno de los ejemplos tomados por la Fiscalía Federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 presuntas incompatibilidades el gobierno de Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía y resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
Fuente: infobae
