Para ingresar al Tribunal Oral Federal 6 hay que hacerlo con cuidado. En la entrada se acumulan pilas de cajas con documentación sobre un caso de narcotráfico. Unos metros más adelante, en un pasillo, está parte de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime; pero sólo una parte porque no hay lugar para el resto.
Los jueces deben usar el baño del Tribunal Oral Federal 4 rodeados de expedientes. Junto al inodoro hay dos estantes con documentación y debajo del lavatorio se acumulan cajas con causas judiciales, una de ellas por corrupción en la Policía Federal.
«Colapsados», así describieron los jueces de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Comodoro Py la situación que atraviesan. Lo hicieron en una nota que le enviaron el 10 de marzo a la presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci. Se trata de los tribunales donde están radicados los juicios orales por hechos de corrupción de funcionarios públicos, de narcotráfico y secuestros, entre otros casos de crimen organizado.
La situación lleva décadas sin respuestas adecuadas y con parches. Ahora sumó un nuevo problema. Los jueces señalaron que recibieron contenedores para guardar causas pero denunciaron que no están preparados para esa tarea ni cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas. A fin de año, containers similiares ubicados en el puerto fueron violentados.
Hasta ahora los tribunales guardaban las causas en cuartos ubicados en el subsuelo de Comodoro Py. Allí se acumula todo tipo de prueba: drogas, armas, documentación pública, entre otros. Pero el lugar fue desalojado porque se instalará un destacamento policial. Hoy los efectivos tienen sus oficinas en otros containers que están detrás del edificio.
En reemplazo, el Consejo de la Magistratura de la Nación le entregó en febrero pasado a Casación 14 contenedores que fueron ubicados en la parte posterior del edificio que fueron asignados a los tribunales orales, al juzgado federal 9, de Luis Rodríguez, y a la Secretaría General del Consejo.
Se trata de un predio abierto que linda con un edificio que quedó a medio construir –se lo conoce como «el esqueleto»– en el que la semana pasada un hombre fue asesinado y que suele ser lugar de refugio de personas que cometen delitos, con el colegio «Padre Carlos Mugica» y un estacionamiento. Los contenedores tienen candados y fueron cercados por paredes de concreto y alambres de púa en la parte de arriba. Hay una garita a cinco metros con policía las 24 horas.
«La seguridad del lugar está garantizada y se está trabajando para limpiar el edificio abandonado», le dijo a este medio uno de los miembros del Consejo que trabaja en el caso.
Pero los jueces tienen dudas. «En cuanto a las medidas de seguridad informadas, tampoco se vislumbran como muy aptas, en este sentido debemos destacar, la relevancia de los efectos y documentación que allí se destinarán y la responsabilidad legal que en torno a su custodia tiene los funcionarios de los respectivos Tribunales por lo que consideramos necesario disponer lo necesario a los efectos de evitar que sucedan hechos similares a los acontecidos hacia fines del año 2016», señalaron los jueces de los TOF en la nota a la que accedió Infobae.
La referencia es a que a fin de año fueron violentados tres contenedores similares que estaban ubicados en el depósito judicial del puerto de Buenos Aires y donde se guarda documentación de tres juzgados federales. Desconocidos cortaron el alambre del cerco, rompieron los candados de los containers e ingresaron. Se está haciendo un inventario para determinar qué es lo que falta.
Los jueces también señalaron que en otros aspectos los contenedores «no reúnen las condiciones mínimas». Cada uno tienen 28,80m3 –apenas 0,80 más que lugares que dejaron– y no cuentan con estantes para guardar la documentación, por lo que se están amurando repisas para cumplir esa función. También se encuentran a «la exposición directa a cualquier fenómeno climático (v.s. frío, calor, lluvia)».Hace pocos días se conoció que una caja de plástico se derritió por el calor. Además el predio ha sufrido inundaciones y es una zona en la que suelen verse ratas.
«Con la asignación que se realiza no será posible satisfacer las necesidades mínimas indispensables para cumplir con la delicada tarea que ejercemos», concluyeron los 17 jueces que firmaron la nota (de los 18 que integran los TOF), en la que también hicieron saber otros preocupaciones.
Los magistrados le pidieron a Catucci que, por un lado, haga gestiones ante el Consejo para que los contenedores sean ubicados en «un predio cercano al edificio, con apropiadas características edilicias y de seguridad en donde pueda concentrarse la guarda y custodia de efectos, documentación, etc» y que les informen si los contenedores son para guardar solo las causas en sí (los escritos de las resoluciones) o también las pruebas. Además, los magistrados reclamaron que se le asigne a cada tribunal por lo menos un contenedor más porque siguen necesitando espacios.
En el Consejo señalan que los contenedores fueron entregados con sus estantes, con ilimunación y los elementos necesarios para funcionar. Reconocen que la situación no es la ideal pero es la posible hoy y que están tratando de, entre otras medidas, conseguir un edificio que albergue el archivo general.
La falta de espacios genera que los tribunales no tengan a disposición las causas. El TOF 4 todavía no pudo pedir la documentación del expediente contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once porque no tiene lugar donde guardarla. El tribunal cuenta con una oficina en el edificio de la armada –frente a Comodoro Py– para guardar causas.
El TOF 6 tampoco puede tener la totalidad de la casa por enriquecimiento ilícito contra Jaime porque no tiene espacios.
Ese mismo tribunal recibió un pedido de nulidad por parte de la defensa de la ex ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti porque su abogado vio el expediente en un pasillo y objetó que se ponía en riesgo la cadena de custodia.
Otro caso es el del TOF 5 que tiene a su cargo el juicio por la llamada mafia de los medicamentos en la que está acusado el ex sindicalista bancario Juan José Zanola. El expediente no está en el tribunal, sino que se guarda en los contenedores que fueron violentados a fin de año.
«Estamos expuestos a muchos riesgos», sostienen los jueces.
La falta de espacios alcanza a otros magistrados, por ejemplo los de primera instancia del fuero federal, quienes también pidieron contenedores para guardar las causas.
La presidente del Consejo, Adriana Donato, informó mediante una nota a Casación que trabaja en la compra de otros 25 containers que estarán destinados a la Casación, la Cámara Civil y al propio Consejo.
