«En lo que va del 2022 ya se han denunciado seis nuevos casos, pero la cifra puede ser más alta debido a la difícil situación de orden público que se vive en regiones como Arauca (noreste colombiano) donde muchos habitantes prefieren guardar silencio para no ser objeto de represalias», agregó Camargo.
En la época más intensa del enfrentamiento, a inicios del siglo, se registraban hasta nueve raptos diarios, según la estadística oficial.
Grupos armados, narcos y paramilitares utilizaron el secuestro como arma de guerra y fuente de financiación a lo largo de seis décadas.
Tras su desmovilización en 2006, los antiguos jefes de las FARC están respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 21.000 secuestros.
Si aceptan su responsabilidad y reparan a las víctimas, podrán recibir penas alternativas a la cárcel.
Aunque la violencia menguó con el desarme de las FARC, Colombia atraviesa por un nuevo ciclo de asesinatos, secuestros y desplazamientos a manos de grupos que se financian principalmente del narcotráfico.
El departamento más golpeado por el secuestro es la región del Valle del Cauca, en el suroeste del país, con 17 casos, uno de ellos registrado el 12 de enero de 2022, según la Defensoría del Pueblo.
Los demás raptos ocurrieron en departamentos cercanos a la frontera con Venezuela, donde además ocurrieron 67 muertes entre enero y los primeros días de febrero de este año, todas ligadas a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Estos grupos armados se disputan el control por el área limítrofe para dominar las rutas para sacar la cocaína de Colombia, primer productor mundial del alcaloide, hacia Venezuela, y desde allí moverla a otros países, según las autoridades colombianas.
En este contexto, el Ejército colombiano anunció la semana pasada un nuevo despliegue militar de 240 soldados que llegarán este miércoles a la región de Arauca, en el noreste del país.
Ámbito
