El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva radiografía de los supuestos “comedores fantasma”. El último relevamiento marca que de los 3.385 lugares relevados y que figuraban como “pre inscriptos” en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) el 47,5% “no existen” ya sea porque “en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero o ya no funciona como tal”. Gran parte de ellos pertenecen al Polo Obrero.
Dos expedientes judiciales investigan estas y otras supuesta irregularidades y delitos. Una recayó en el juzgado de Ariel Lijo, y está delegada en la fiscalía federal de Ramiro González. La otra, que es la más avanzada, es instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González. La auditoría, a la que accedió este medio de manera exclusiva, fue presentada en los dos expedientes.
Hasta el momento, en la causa de Casanello hay 23 imputados, la mayoría de ellos dirigentes del Polo Obrero. Su líder, Eduardo Belliboni también es sospechado de haber utilizado facturas truchas para justificar gastos millonarios que salían de las arcas del Estado para realizar emprendimientos productivos y capacitaciones. El monto exacto es de $360 milones.
El próximo 25 de junio serán indagados Belliboni y María Isolda Dotti, alias “Tango”, una de las referentes de comedores que formaría parte de una red de personas que se cree extorsionaban y presionaban a beneficiarios del Potenciar Trabajo para que asistan a marchas y cobraban una “cápita” del dinero que recibían del plan social a cambio de realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión -cooperativas de trabajo y comedores- que dependían de la Asociación Civil Polo Obrero. Un día antes, el 24, está citado Jeremías Cantero, la mano derecha de Belliboni.
Hasta ahora, en ese expediente, la Justicia analizó un total de 167 facturas por un total de 25 millones de pesos. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa “El Resplandor” recibieron $360 millones. De ese total habrían rendido solo 113 millones”, según informó Ministerio de Capital Humano a través de la subsecretaria Legal Leila Gianni. En esas rendiciones según le explicó una fuente judicial a este medio “aparecen 25 millones de pesos que se intentó justificar con facturas truchas”, firmadas por Eduardo Belliboni.
El expediente arrancó en diciembre del año pasado con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones a beneficiarios de los planes sociales para ir a las marchas, pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado.
“Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo Gianni al ratificar la denuncia por los hechos que se investigan.
En la ampliación de denuncia que Gianni realizó ante el fiscal González demostraría que no solo hay comedores que “no existen” sino que en las rendiciones que realizó el Polo Obrero “surge que recibían alimentos secos que figuraban como destinados a los comedores que asistían a los más vulnerables, pero no existían cuando se realizó la inspección”. Es decir que esa comida “terminó en otro lugar”.
El Ministerio de Capital Humano también aportó documentación que demuestra que el Polo Obrero recibió la mayor cantidad de alimentos secos en 2023, un total de 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron a través de las organizaciones sociales
Infobae accedió a los entrecruzamiento de datos basados en las escasas rendiciones que presentaron las organizaciones de izquierda y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para justificar los miles de kilos de alimentos secos que recibieron en el año 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández, y de los comedores y merenderos a los que supuestamente fueron derivados.
Los lugares pertenecen a organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y, entre otros, el Movimiento Evita.
Entre las 167.937 llamados que hasta el 12 de junio se registraron en el 134, la línea de denuncias que habilitó el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich hay un gran número que están judicializadas e involucran al Polo Obrero. Una de ellas se registró el 3 de junio a las 11:33. Lo que sigue es el relato que una mujer realizó ante el operador del Ministerio de Seguridad.
“Yo soy vecina del barrio, te hablo de Soldati, del Polo Obrero siempre están con la lista en espera, pero no es así. Ellos se manejan con una lista. Los que van a las marchas o a las protestas que hacen ganan puntos. Ellos tienen la preferencia y no sé, la mercadería que les retiran, sea carne, pollo y demás se las reparten a los que van y son partícipes”.
En otro tramo de la conversación de siete minutos y cincuenta y seis minutos la denunciante insiste en que los dirigentes que a cargo del lugar: “No anotan a la gente al comedor porque ellos se manejan con su lista y todos los que van a las marchas, protestas y equis tienen la mercadería ¿me entendes? Si bien reparten en crudo lo hacen solamente para las personas que tienen puntos y participaciones en las marchas”.
Por último, la vecina de Villa Soldati, localidad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires afirmó: “Lo que yo quiero es poder anotarme al comedor que manejan ellos, pero es imposible porque ya te digo, ellos anotan al plan Potenciar Trabajo y al anotarte te dan la opción de anotarte al comedor siempre y cuando vayas a las marchas y tengas participación en las asambleas y no se qué sino no recibís la mercadería. Si no marchas, si no vas y no haces el quilombo que hacen no te anotan. Es un desastre, la verdad”.
El último relevamiento realizado sobre los comedores y merenderos pre inscriptos en el ReNaCoM y “postulantes a los programas de Alimentar Comunidad” de los 3.385 comedores visitados: “El 47,5% no se pudieron relevar porque no existían. De esos 1.607 lugares, el 48% nunca funcionaron o dejaron de funcionar. El 27% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)”.
El resto de los comedores que sí fueron relevados y funcionaba atendían a 240.370 personas, entre ellos niños y adultos mayores. Un promedio de 163 beneficiarios por lugar.
De ese universo, el ex Ministerio de Desarrollo Social entregaba el 16% de los alimentos secos cuya entrega era tercerizada a través a través de organizaciones piqueteras y movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). De ese total apenas el 8% era rendido de manera correcta por los dirigentes sociales y de ahí surge la gran pregunta ¿qué hacían con el resto de los alimentos?
Según la cataratas de denuncias realizadas a la línea 134, bolsas de alimentos era utilizados como “premios y castigos” para los asistentes a comedores y merenderos que asistían a las marchas. Otros serían vendidos en ferias barriales y hay datos que, en Misiones, por ejemplo, una combi con patente de Paraguay, era cargada con esos insumos y se venderían en ese país. “El denunciante desea manifestar que un comedor en la provincia de Misiones la encargada R.M. vende la mercadería -que recibe por parte del Estado- Menciona que el comedor está ubicado en la calle Macona entre Domínguez y Cerrito, Posadas, Misiones. Indica que pudo observar que, a la noche, cerca de la madrugada, una Trafic patente de Paraguay llega al domicilio y cargan la mercadería”, refiere el relato plasmado en el legajo labrado el 4 de junio a las 10:37.
Otro 28,3% de alimentos para los comedores que sí existen es proporcionado por los municipios; el 11,4% por las provincias; el 38,6% -la mayor parte- con ingresos propios y del restante 8,6% no se tienen datos.
La auditoría también revela que el 76% de los comedores/merenderos cocina mediante gas envasado -esto es con garrafas-. El 60% dispone de baño con desagüe a sólo pozo ciego o a cámara séptica y pozo ciego. El 73% accede al agua a través de la red pública. El 80% accede a la electricidad mediante la red pública, es decir que están “enganchados” al suministro eléctrico.
Ante el mismo fiscal Ramiro González, la abogada Leila Gianni afirmó que de la documentación aportada “surge que el gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas ‘Argentina contra el Hambre’”.
Fuente: infobae
