En el centro se encuentra lo que los investigadores definieron como “un podrido sistema depredador y lucrativo” en detrimento de la propia Secretaría de Estado y de sus fondos benéficos, y que se basaría en la “complicidad y connivencia” entre operadores financieros, consultores externos y personal y gerentes internos.
Becciu, que va a juicio con una aprobación específica otorgada por el papa Francisco -quien lo privó de su cargo de la Curia y de las prerrogativas del cardenalato-, está acusado de malversación, abuso de oficio y del “soborno” de un testigo, monseñor Alberto Perlasca, a quien intentó hacer retractar de sus declaraciones acusatorias pidiendo ayuda al superior diocesano, el obispo de Como, Oscar Cantoni.
Becciu, que se declara inocente, responderá en particular por transferencias por 575.000 euros realizadas desde la Secretaría de Estado a la gestora del Cagliari, Cecilia Marogna, que luego acabarían en gastos personales y artículos de lujo, y por los préstamos dirigidos a la cooperativa de su hermano Antonino, 600.000 euros de los fondos del CEI y 225.000 de los de la Santa Sede.
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