El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair, maniobró ayer para que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja -que preside- apruebe una moción de “repudio” contra el mandatario electo Alberto Fernández, a raíz de su reclamo público por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva. “Le faltó el respeto a las decisiones de las instituciones judiciales del Estado brasileño», aseguró el legislador a través de las redes sociales.
El hijo de Bolsonaro, así, culpó a Fernández de “quebrar el decoro internacional” y de “activismo político en cuestiones internas de Brasil”, además de “agraviar una parte muy importante de la población brasileña”. El pedido oficial de repudio, que se aprobó en comisión, fue presentado por un parlamentario del Partido Social Liberal (PSL), el príncipe Luiz Philippe de Orleans e Braganza. La iniciativa fue rechazada por tres diputados, uno de ellos, Iván Valente, interpeló a sus colegas: “¿Cómo pueden tratar de esa forma al tercer mayor socio comercial del país?”.
Desde la victoria de Alberto Fernández,, la familia Bolsonaro se ha vuelto hostil al presidente electo en forma manifiesta, lo que generó una advertencia oficial por parte del Gobierno, a través del canciller Jorge Faurie, y vía carta. Eduardo Bolsonaro llegó incluso a burlarse del hijo del próximo presidente de Argentina, Estanislao Fernández.
En un reciente viaje por Oriente Próximo, en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Arabes, Jair Bolsonaro declaró que los argentinos habían “elegido mal”. La ofensiva siguió a lo largo de los últimos días, con un posteo en las redes sociales en donde el presidente de Brasil aseguró que tres empresas multinacionales estaban abandonando Argentina a raíz de los resultados electorales. Desmentido por las propias compañías, borró el tuit y pidió disculpas a través de su portavoz.
A modo de justificación, desde el gobierno de Brasil recuerdan que Fernández saludó al ex presidente Lula da Silva por su cumpleaños y publicó una foto donde mostraba la letra «L» con la mano, en sintonía con quienes piden la libertad del líder político preso en la ciudad de Curitiba.
Pero el “repudio” apunta contra otros objetivos. Hoy, precisamente, la Corte Suprema discutirá la derogación de una norma que sancionó en 2016, y que permite a la Justicia poner tras las rejas a una persona condenada en segunda instancia, antes incluso de que pueda elevar apelaciones a tribunales superiores. Si esto sucede, llevaría en lo inmediato a la liberación de Lula da Silva.
La posibilidad de que esto ocurra es amplia. De los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal habría en principio seis de ellos dispuestos a blindar al ex mandatario y proceder a su liberación.
