Con Kicillof en Economía, Argentina contrató a un estudio de abogados de Miami implicado en el Lava Jato

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Cuando las arañas tejen, trazan lo que se denomina un «primer puente» que sirve como punto de referencia y de sostén clave para marcar su territorio. La constructora Odebrecht tejió una telaraña de corrupción que trazó su territorio de acción a lo largo de toda la región, en una megacausa de corrupción internacional. Ahora surgen nuevas vinculaciones con nuestro país.

Bajo la gestión de Miguel Galuccio al frente de YPF, el ministerio de Economía contrató en forma directa, para defender los intereses del Estado Argentino, a una firma de abogados de Miami mencionada en el pago de coimas de Odebrecht a funcionarios colombianos. Este bufete de abogados representó los derechos argentinos ante un litigio contra un fondo buitre -Burford-, que compró un juicio y demandó al Estado tras la estatización de YPF.

Esta semana, uno de los principales arrepentidos del caso que generó un terremoto político en Brasil, declaró haberle pagado al actual secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas, más de 800 mil dólares vía 10 transferencias en concepto de dinero destinado a «coimas». Esto lo dijo ante la Justicia, Leonardo Meirelles, quien estuvo al frente de más de 4 mil operaciones para el pago de sobornos de la firma brasileña.  El Gobierno lo respaldó.

El 13 de julio de 2015, la Procuración General del Tesoro, vía el dictamen 172/2015, determinó que no existían «obstáculos jurídicos para la procedencia de la contratación directa» de la firma Akerman LLP, con sede en Miami, con el objeto de asumir la defensa de los intereses del Estado Nacional en «la causa judicial Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen Energía S.A.U. v. Argentine Repúblic and YPF S.A, entablada ante el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de la ciudad de Nueva York».

En una serie de argumentos, el Palacio de Hacienda sostuvo que la urgencia de contratación de dicho estudio se debía a que la firma que representaba al Estado Nacional, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP había expresado «la imposibilidad de asumir la representación de la República Argentina en la mencionada causa». Sugirió, consecuentemente, la contratación del mencionado estudio, atento a su trayectoria, antecedentes relativos a litigios ante el Juzgado de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York (incluyendo las causas relacionadas con acreedores holdouts).

Economía destacó que Akerman LLP «es un estudio líder en litigios y transacciones, con experiencia en práctica latinoamericana», y que ya había defendido «con éxito» a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en un caso iniciado por el fondo NML Capital ante el Juzgado del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York a cargo del juez Thomas Griesa. La cartera del entonces ministro, Axel Kicillof, sostuvo que en relación con «el tema honorarios y costos», la firma había efectuado una propuesta según los términos habituales en los Estados Unidos, basado en el tiempo que los respectivos profesionales dediquen al caso. Y consignó como aspecto positivo que la firma dedicaría tres socios para la representación, ofreciendo un descuento del 10% (diez por ciento) en el concepto de honorarios.

Pago de retornos

Según una investigación del prestigioso periodista Gerardo Reyes, de la cadena norteamericana Univisión, las oficinas de Akerman LLP fueron el escenario para el armado de un complejo sistema de pago de retornos entre Odebrecht y funcionarios colombianos. En los mismos escritorios donde se analizó el caso argentino, se habrían armado las sociedades para el pago de coimas por más de 6 millones de dólares.

El empresario colombiano Eduardo Ghysays Manzur, que se declaró culpable de lavar coimas por $6.5 millones de dólares de Odebrecht, afirmó en sede judicial que el plan de lavado de dinero tuvo su origen en las oficinas de la firma de abogados Akerman LLP en la Florida. Estos datos fueron dados a conocer por la Fiscalía General de Colombia.

Manzur explicó que él y su hermano «se reunieron en las oficinas del bufete de abogados en Miami con un alto ejecutivo de Odebrecht y representantes de la banca privada de Andorra con el propósito de crear una empresa offshore y una cuenta bancaria», sostiene la investigación de Reyes. A través de la cuenta y de la empresa que fue registrada en Panamá en enero de 2010 desde el estudio Akerman, se movieron los sobornos que fueron recibidos por el entonces viceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García Morales -detenido en su país por este caso-, siempre según la declaración del empresario Ghysays.

El dictamen permitiendo la contratación directa del estudio norteamericano fue firmado por el entonces subprocurador del Tesoro, Horacio Pedro Diez, procesado por la Justicia Federal por malversación de fondos públicos, junto a la ex titular de la Procuraduría, Angelina Abbona y el tercero en la nómina, Javier Pargament.

El arrepentido colombiano detalló que fue Eduardo da Rocha Soares, el hombre de Odebrecht que se encargó de la administración del pago de todos los sobornos que salieron de la constructora brasileña, quien le solicitó que se presentara en las oficinas del estudio de Miami para proceder al plan de lavado y ocultamiento del origen de los fondos.

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