Finalmente hay una fecha para la elección de autoridades judiciales en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral fijó para el 1 de diciembre la votación que fue postergada por un año y que profundizó la crisis institucional que atraviesa el país.
Bolivia elige por voto a los 26 principales cargos judiciales que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental.
Cuando finalmente se logró una convocatoria, hubo una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa para de esa manera postergar indefinidamente la elección.
“Los ciudadanos ´autoprorrogados´ en el Tribunal Constitucional Plurinacional no tienen competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa, sus actos son nulos por mandato constitucional”, escribió el abogado y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en sus redes sociales.
En febrero de este año, tras semanas de protestas propiciadas por Evo Morales por la prórroga de cargos, las elecciones se convocaron para junio. Sin embargo, la preselección de candidatos fue suspendida y el proceso paralizado por falta de acuerdos políticos y más de una treintena de amparos constitucionales.
Las elecciones judiciales son un evento sui generis a nivel mundial. En Bolivia, desde 2009 se implementó la votación popular para elegir a los magistrados de los altos tribunales judiciales. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos -en 2011 y 2017- a las que el grueso de la población acudió “a ciegas”, en términos de procedimientos, cargos electivos y candidatos, ya que estos están prohibidos de hacer campaña electoral.
Los resultados anteriores son reveladores y pueden insinuar que hay descontento con el sistema de selección o desconocimiento del proceso, en ambas elecciones predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017).
Aunque hay expectativa por la votación de diciembre, la crisis judicial en Bolivia va más allá de la elección de magistrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado retardación de los procesos, falta de acceso a la justicia, ausencia de independencia judicial y manejo instrumental en función a los intereses del poder político de turno, entre otros males crónicos que, según académicos, no se resolverán con la elección de nuevos jueces sino con una reforma estructural del sistema.
Fuente Infobae