La Corte de Apelaciones de La Haya confirmó este martes la condena a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares en indemnizaciones a los accionistas del antiguo grupo petrolero ruso Yukos, actualmente desmantelado.
El dictamen revirtió una decisión de 2016 de la corte de distrito de La Haya que anuló la compensación alegando que el comité de arbitraje no tenía jurisdicción ya que el caso se basaba en un tratado de energía que Rusia firmó pero no ratificó. La Corte de Apelaciones de La Haya falló que la decisión de 2016 “no era correcta. Esto significa que la orden de arbitraje está en vigencia de nuevo”.
El tribunal acusa a Moscú de haber orquestado el desmantelamiento de Yukos por motivos políticos. En 2014 Rusia fue condenada por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), una jurisdicción internacional con sede en La Haya, a pagarles una indemnización de 50.000 millones de dólares, pero las autoridades rusas se negaron.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ruso dijo que el país “seguirá defendiendo sus legítimos intereses y, en apelación ante el Tribunal de Casación, impugnará el veredicto” de la corte holandesa. Moscú acusó a Yukos de fraude fiscal y estafa a gran escala. La compañía estaba dirigida por el oligarca y enemigo declarado del Kremlin Mijaíl Jodorkovsky, detenido en 2003 y liberado tras pasar una década en prisión.
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La empresa, principal productor de oro negro en Rusia, fue declarada en liquidación judicial en agosto de 2006, tras un juicio. El Kremlin es sospechoso de estar detrás de este proceso para frustrar las ambiciones políticas de Jodorkovski.
Yukos fue vendido por partes, sobre todo al grupo petrolero público ruso Rosneft. Esta empresa, de tamaño modesto, se ha convertido gracias a los activos del grupo desmantelado en un gigante global, dirigido por un hombre de confianza de Vladimir Putin, Igor Setchin.
Los antiguos accionistas intentan obtener una compensación por las pérdidas causadas por la disolución de Yukos.
El CPA había basado su sentencia en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que protege las inversiones internacionales en los proyectos energéticos. “La Federación de Rusia ha firmado el TCE, pero no lo ha ratificado”, sostuvo la justicia holandesa en 2016, indicando que las decisiones de la CPA eran, por lo tanto, “contrarias a la legislación rusa”.
Se plantea otro tema: “las circunstancias de la toma de control de Yukos por los oligarcas rusos durante su privatización en 1995 y 1996”, afirmó a la AFP Andrea Pinna, abogado de Rusia. Durante la caída de la URSS, empresarios sin escrúpulos acumularon inmensas fortunas e imperios comprando activos soviéticos a bajo precio, sobre todo en el sector de las materias primas. En esos momentos el país estaba sumido en una profunda crisis y la población se empobrecía. Jodorkovski fue uno de ellos. “Rusia estima que la adquisición de Yukos solo fue posible a través de la corrupción y otras acciones ilegales”, afirma Pinna, subrayando que “no es un caso político, sino puramente jurídico con una implicación financiera de 50.000 millones de dólares”.
Emmanuel Gaillard, quien representa a los antiguos accionistas, dijo a la AFP que “Rusia está haciendo muchos esfuerzos diplomáticos para tratar de desacreditar” a los demandantes.
“Su estrategia es distorsionar para complicarlo todo, hacer olvidar la mayor expropiación del siglo XXI”, lamenta.
Detenido en 2003, Jodorkovski fue liberado en diciembre de 2013 tras un indulto concedido por el presidente ruso y desde entonces ha vivido en el exilio. Su socio Platon Lebedev pasó más de 10 años en la cárcel. El arresto de Jodorkovski se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera a la creciente clase de oligarcas contra la intromisión en la política.
(Con información de AFP y AP)
Fuente: Infobae
