La narcocriminalidad fue el tema sobre el que expusieron dos magistrados federales, ante un marco de público que superó la capacidad del Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, lo que demuestra el interés que genera esta problemática en distintos estamentos, particularmente cuando Santiago del Estero asumió la competencia provincial en cuanto al narcomenudeo.
Invitados por el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de la Provincia, los Dres. Sergio Gabriel Torres, juez en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y profesor de la UBA y Ricardo Ángel Basilico, vocal del Tribunal Oral en lo Penal N° 8 de la Justicia Federal, expusieron sus visiones sobre el narcotráfico y sus consecuencias.
El acto de apertura de la conferencia estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, a quien acompañaron en el estrado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives y los conferencistas. También estuvieron presentes el vicepresidente segundo del Alto Cuerpo, Dr. Federico López Alzogaray y el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán.
Los asistentes que colmaron el SUM “Dra. Carmen Argibay” fueron magistrados, funcionarios y empleados judiciales; integrantes de los Ministerios Público de la Defensa y Fiscal; efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia; abogados del foro local y estudiantes.
Importancia de la capacitación
En el discurso de bienvenida, el titular del STJ agradeció la presencia de los magistrados porteños y destacó la masiva asistencia de personas vinculadas en la lucha contra el narcotráfico, al decir: “Esto evidencia el compromiso de todos los estamentos involucrados en esta temática, para hacer frente a este flagelo”.
Sobre el particular, el Dr. Argibay se explayó manifestando que “para combatir este flagelo se necesita un esfuerzo sistémico y, de alguna manera sincronizado, entre todos los actores, tanto las fuerzas de prevención, como el Ministerio Público en la investigación como la judicatura a la hora de juzgar los hechos y, por supuesto, el Poder Ejecutivo diseñando las políticas públicas y asignando los recursos presupuestarios pertinentes”.
En línea con ese pensamiento, sostuvo que “cuando se aborda una problemática tan crónica y devastadora, como la drogadicción y el tráfico de estupefacientes, no deja de ser una decisión muy valiente de parte del Estado provincial, en la cual el Poder Judicial también participa y asume con un gran compromiso y esperanza”.
En ese sentido, el magistrado enfatizó que “el Poder Judicial ha abordado esta temática con un plan de capacitación y fortalecimiento organizacional, que no sólo tiene que ver en la adaptación de la estructura edilicia, en la reingeniería de los organismos judiciales, sino también fundamentalmente en un plan integral de formación”.
Cabe recordar que el Superior Tribunal lleva adelante un programa de cursos y talleres sobre delitos vinculados con estupefacientes, dictados por funcionarios de Justicias Provinciales que ya asumieron la competencia en casos de microtráfico de drogas.
