A fines de 2018, los referentes del kirchnerismo en Diputados presentaron un proyecto para que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, recupere sus fueros y regrese a la Cámara de Diputados, iniciativa que buscará impulsar en el inicio de las sesiones ordinarias y en medio del año electoral.
En los argumentos del proyecto, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Daniel Filmus y el peronista Pablo Yedlin, entre otros diputados, sostuvieron que «la arbitrariedad e ilicitud del precedente que se genera con el mantenimiento del desafuero y detención de un miembro de la Cámara de Diputados sin siquiera contar con una condena, debe ser analizado con profundo sentido republicano, pues de lo contrario, se corre el peligro de romper el equilibro entre los poderes que rigen nuestro Estado y desarticular por completo el sistema de derechos y garantías que solían existir».
Según indicaron a Infobae desde el bloque del Frente para la Victoria, este pedido será uno de los temas prioritarios a tratar en la Cámara Baja. Otro de los argumentos se basa en la comparación con la situación de la radical Aída Ayala, que se encuentra procesada por lavado de dinero.
«El tratamiento del desafuero solicitado respecto de la legisladora Ayala, merece especial atención, no porque dadas las circunstancias reseñadas ésta no pueda contar con la vigencia de los derechos constitucionalmente consagrados a su respecto, sino todo lo contrario. Los mismos derechos y precauciones que deben tomarse en aquel caso, son los que debieran atravesar el proceso de desafuero y prisión preventiva del Diputado Nacional Julio De Vido, pues nunca es tarde para restablecer la vigencia de los derechos violentados», detallaron en el proyecto.
En octubre de 2017, Diputados aprobó el desafuero del ex funcionario kirchnerista. La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención. El desafuero fue aprobado por el oficialismo, el Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista y el Frente de Izquierda, entre otros, luego de una sesión que duró dos horas y 20 minutos, y en la que solo hablaron los presidentes de bloque.
Luego de la votación, y ante dos pedidos de detención que pesaban sobre él, uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques de gas natural licuado y, la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio.
En la primera de las dos, De Vido está acusado de haber participado en una «maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal».
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, «se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado» de aproximadamente USD 6.995 millones, «pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado», indicó el juez Claudio Bonadio, que en su momento ordenó su detención.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a Baratta y De Vido, sobre quien pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, y también procesó al ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor y cobró supuestas comisiones indebidas.
Por otro lado, en la investigación en torno a los desmanejos de la mina de Río Turbio, el ex Ministro está acusado por la malversación de fondos públicos para distintas obras en esa localidad de Santa Cruz de unos $26.000 millones entre los años 2006 y 2016; además, se calcula que hubo un desvío de $265 millones hacia otros fines de los previstos.
El ex ministro, además, es investigado en el marco de la causa de los cuadernos.
