El gobierno de Nicolás Maduro declaró ayer el estado de emergencia económica, con lo que no sólo pretende combatir la debacle que sufre Venezuela, sino también arrebatar funciones legislativas a la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora. «Debemos enfrentar la crisis económica en función del bien de todos», insistió el presidente durante su discurso ante el Parlamento en la llamada «Memoria y Cuenta» anual.
En referencia a la «guerra económica», Maduro resumió en varios factores las «cifras catastróficas», empezando por la caída del petróleo «por intereses geopolíticos», la «huelga de inversión del sector capitalista», la ausencia de un aparato productivo y el ataque a la moneda.
Además, en su discurso, aunque convocó al diálogo («Quedamos listos y dispuestos para conversar este y cualquier tema que sea susceptible y necesario de conversar por la paz que nos exige Venezuela»), en referencia a la amnistía para los presos políticos, no se privó luego de fustigar directamente a los opositores. «El día que ustedes construyan una vivienda, hablamos», dijo.
Maduro elaboró el decreto de emergencia para controlar todos los resortes económicos, como si fuera una mega Ley Habilitante (superpoderes por vía decreto). Una especie de cheque en blanco que no contempla medidas, pero que sí permite tomarlas a su antojo.
La Constitución impone que el decreto debe ser presentado a la Asamblea en el plazo de ocho días para su discusión y aprobación, y también al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que confirme su constitucionalidad. El anuncio cayó como una bomba en el Parlamento, sin tiempo para debatir cuál va a ser la respuesta de los opositores, ya que Maduro juega con cartas marcadas: si rechazan el decreto, serían cómplices de la «guerra económica»; si votan a favor, estarían apoyando una política que llevó al país a convertirse en una de las peores economías del planeta.
En la decisión del bloque democrático también pesará la convicción de muchos de ellos de que el gobierno se volverá a servir del TSJ para sacar adelanto la propuesta de Maduro. El decreto será aplicado por un lapso de 60 días para enfrentar la famosa «guerra económica» con la que el chavismo justifica la crisis. El decreto se puede prorrogar por otros dos meses, pero siempre tras aprobación previa del Parlamento. Se pretende «garantizar» así el abastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, así como sostener a las misiones, los planes sociales del chavismo.
«Son medidas que están tomadas para proteger al pueblo, no para ir contra el pueblo», anunció el nuevo vicepresidente económico, Luis Salas, especialista en propaganda y autor de un libro sobre la «guerra económica». El nuevo gurú económico del chavismo sólo adelantó enunciados, ninguna regulación concreta, pero dejó claro que Maduro tomará las decisiones que «estime oportunas». Como ya hizo durante sus periodos de Ley Habilitante.
Uno de los enunciados más polémico es el que garantiza al Estado el acceso a los alimentos a través de expropiaciones de la cadena de distribución, de los establecimientos y de las propias mercancías. También la intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) para imponer límites de su moneda en efectivo.
«Este decreto sin duda agudizará la crisis», vaticinó el diputado José Guerra, uno de los cerebros económicos de la Mesa de la Unidad Democrática. «Preocupa que se pretenda que el estado disponga de los medios de producción, eso es un peligro. No hay ni una sola medida para cubrir el hueco fiscal ni para hallar mecanismos de financiamiento para cubrir el déficit de 30.000 millones de dólares», añadió.
«No hay cambio de rumbo en materia económica», concluyó el analista Luis Vicente León.
Las tesis económicas de la oposición buscan lo contrario: acabar con los controles de precios y de cambio y con el fin de las expropiaciones y nacionalizaciones, que hundieron la producción nacional. Apuestas por la unificación cambiaria (hay cuatro cambios distintos), la liberación de los precios y el aumento de la nafta más barata del mundo.
El chavismo lleva dos años valorando subir el precio de la nafta (cuesta más una botella chica de agua que llenar un tanque entero de un vehículo), pero teme la reacción popular, ya que el histórico Caracazo de 1989, una rebelión popular con cientos de muertos, tuvo su origen en el paquetazo económico de Carlos Andrés Pérez, con la suba del combustible como elemento clave. Hugo Chávez siempre situó el origen de su movimiento en aquella fecha.
El oro negro es la principal fuente de ingresos del país caribeño, incluso expertos calculan que Maduro necesita el barril a 50 dólares para mantener las inversiones del gobierno; pero ayer el crudo cerró a menos de 30 dólares.
Tras 22 meses, liberan los datos económicos
El Banco Central de Venezuela (BCV) volvió a publicarlos
-4,5%
Se hundió el PBI
La caída interanual se produjo en los primeros nueve meses de 2015; según el BCV, fue por la «guerra económica» y el desplome de los precios del petróleo
141,5%
De inflación
La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor fue del 141,5% en el tercer trimestre de 2015; alimentos y bebidas, entre los que más aumentaron.
Daniel Lozano/LA NACION
