Los pasillos más bien desiertos del Congreso no dicen casi nada de lo que ocurre en materia política. Las medidas sanitarias han impuesto otras rutinas, pero hay diálogo y negociaciones, incluso internas. Menos café, mucho celular, Zoom o Skype para comunicarse. Mañana, por ejemplo, Sergio Massa hará una reunión virtual de labor parlamentaria: videoconferencia con los jefes de bloque. El tema central es cómo tratar proyectos que empuja el Gobierno en la emergencia. Tal vez, sesionar en un microestadio y no en el recinto. Inédito, claro, pero con el telón de fondo de otro debate más rico y menos visible sobre los alcances y el modo del consenso en estos tiempos de coronavirus.
Alberto Fernández resolvió avanzar con una norma que congele por 180 días los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios, básicamente UVA, y suspenda desalojos. El texto y el modo son en estas horas materia de análisis. Hubo contactos, no sólo ayer, por darle forma a esta decisión, y en eso trabajan Massa y Vilma Ibarra, en la activa secretaría Legal y Técnica. Se mezcla el tema con proyectos pendientes, en especial la ley de alquileres, que tuvo sanción de Diputados y hasta ahora, espera en el Senado.
Hay cuestiones específicas de la medida anticipada por el Presidente que están siendo estudiadas. Se conocen los trazos gruesos pero no los detalles en un rubro siempre complicado, con muchas zonas grises o directamente informales. Pero las dudas sobre el mecanismo legal superan el contenido, porque podrían marcar una línea de trabajo.
Vilma Ibarra, a cargo de la secretaría Legal y Técnica, ajusta detalles sobre la norma para alquileres y créditos hipotecarios.
El punto central es si directamente el Gobierno envía un proyecto al Congreso, con compromiso de trámite rápido y consensuado, o se inclina por un Decreto de Necesidad y Urgencia, que más adelante, el día en que sea superada la etapa de aislamiento social obligatorio frente a la pandemia, resulte refrendado en el ámbito legislativo.
La discusión no es abordada con el molde tradicional. No sería una medida inconsulta del Ejecutivo sino, dicen en medios oficialistas y también de la oposición, debería ser fruto de un acuerdo previo sobre el DNU. Dicho de otra forma: se trataría de generar aval político explícito de los bloques sin necesidad de apurar sesiones de las Cámaras, cuanto menos atípicas, por una cuestión de imagen. En esa visión, la reunión de Diputados y del Senado debería quedar para casos más extremos.
De todos modos, la alternativa de sesionar en breve es tema de análisis y sumará en las próximas horas conversaciones con los jefes de bancada. Las cuestiones operativas no serían menores. Más de 70 de los 257 diputados están comprendidos en la franja etaria considerada de mayor riesgo, es decir, superan y en algunos casos largamente los 60 años. No es un elemento anecdótico.
Hay además otras consideraciones que manejan las autoridades de la Cámara baja. Una: el traslado a Buenos Aires de todos los legisladores del interior. Otra, capaz de generar una situación absolutamente original: el lugar de sesiones. El recinto de Diputados debería quedar descartado para cumplir con la recomendación básica de distancia mínima entre los legisladores. Es por esa razón que se especula con recurrir a un microestadio y adaparlo para el debate.
Pero pesan además necesidades de velocidad para la aplicación de la norma y cuestiones de lectura política. Una fuente del Gobierno no se mostraba anoche muy convencida de empujar una sesión inmediata. Planteaba que el mejor camino sería el del DNU, con apoyo amplio. Si lo que se pretende es dar a la vez una señal de consenso en medio de la emergencia –agregaba-, eso podría ser resuelto con el respaldo explícito de todos los jefes de bloque, o la mayoría de ellos. ¿Cita en Olivos o videoconferencia? Nada está tachado.
Un análisis similar, con el agregado de otros elementos, circula entre legisladores de la oposición, no todos. Y asoma como una línea de cierta tensión. Diputados con kilometraje político y peso en el conglomerado de Juntos por el Cambio admiten que la cuestión de imagen, colectiva y personal, pesa también en sus filas y alimenta muchos proyectos de resolución, de escaso sentido práctico. Eso, sin invalidar propuestas más razonables de colegas abocados a temas previsionales, sanitarios y habitacionales, como los que están en el centro de la escena actual.
“No podemos estar inactivos pero tampoco hacer parodia de actividad”, resume un legislador de JxC. En otras palabras, plantea mantener el diálogo político, controlar la gestión, no delegar de cualquier modo facultades propias en el Ejecutivo. Y no sobreactuar, en ningún sentido.
Los pasos para unificar criterios –de funcionamiento nacional, provincial y hasta municipal- han sumado velocidad en apenas un par de semanas, aunque no es un camino lineal. La gravedad en materia sanitaria y el impacto socioeconómico del cuadro local e internacional gatillaron un funcionamiento político e institucional infrecuente, con citas y diálogo del presidente y gobernadores, además de legisladores. Pesa mucho, se admite, la demanda social a la política en general. Cada gesto, seguramente, estará prueba. Lo saben todos.
