Las dudas sobre el permiso de circulación de un ómnibus de pasajeros en medio de la cuarentena obligatoria derivó hoy con decenas de personas varadas en la Ciudad de Buenos Aires. En un control realizado a la altura del cruce entre la Avenida General Paz y Zapiola, la Policía de la Ciudad detuvo este jueves un micro de larga distancia en el que viajaban más de 60 pasajeros, la mayoría de ellos ciudadanos extranjeros, provenientes desde La Quiaca, Jujuy.
A las 13:55 de esta tarde, un móvil de la “División Anillo Digital” informó haber visualizado al vehículo por Autopista Panamericana, ingresando luego por General Paz, en sentido Río de La Plata. De inmediato, efectivos de la Comisaría Vecinal 12-A los escoltaron hasta la altura del puente peatonal Freire, en el barrio porteño de Saavedra, donde el micro detuvo su marcha.
Hasta allí se dirigió una unidad de SAME para realizar revisaciones médicas a los ocupantes. En el micro, de la empresa Balut, iban a bordo 62 pasajeros: 22 ciudadanos colombianos, 21 venezolanos, tres peruanos, dos bolivianos y un brasileño. Además viajaban otros 12 argentinos con domicilios registrados en la provincia de Buenos Aires. La mayoría se subieron al vehículo en La Quiaca y el resto lo hizo en San Salvador de Jujuy.
Como parte de los controles, la Policia también solicitó la presencia de personal de la Dirección Nacional de Migraciones con motivo de verificar el estatus migratorio de todos los demorados.
Ante las autoridades, los choferes del ómnibus presentaron una autorización para circular, la cual fue emitida por el Gobierno de Jujuy.
En el documento, firmado por el secretario de Integración Regional y de Relaciones Internacionales de la provincia norteña, Pablo Fernando Palomares, se comunica que “los 62 pasajeros detallados están autorizados a realizar el viaje vía terrestre desde la ciudad de La Quiaca hasta la Ciudad de Buenos Aires”.
A su vez, “se deja constancia que todas las personas en el listado mencionado (de pasajeros) han realizado la cuarentena correspondiente y cada uno de ellos dispone del certificado médico extendido por personal médico de la provincia de Jujuy en el que consta que se encuentra sintomática y con parámetros estables”.
Ante esta situación, fuentes policiales indicaron que se procedió a corroborar la veracidad del documento con las autoridades gubernamentales. La investigación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini.
Fuentes del Gobierno de Jujuy consultadas por Infobae compartieron con este medio un permiso elevado al secretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, en el que se comunicaba que los pasajeros extranjeros descenderían en las embajadas de Venezuela, Colombia, Brasil y Perú, mientras que los argentinos lo harían en la estación de ómnibus de Retiro.
Ahora, mientras aguardan la resolución de Ercolini, serán alojados en hoteles de cuarentena.
El miércoles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había dado cuenta de esta situación a través de sus canales sociales. “Esta mañana, la provincia de Jujuy subió a un grupo de personas migrantes que estaban en La Quiaca a un micro con dirección desconocida. Es un traslado compulsivo que no está avalado por las medidas sanitarias vigentes”, expresaron.
El CELS, junto a las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), presentó un habeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy “para conocer las razones del desplazamiento, el dispositivo dispuesto para garantizar que el traslado resulte seguro y las condiciones de recepción previstas para este grupo”.
“Esta mañana fueron subidas a un micro de larga distancia sin informales con precisión hacia dónde se dirigían. Muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del COVID19. Sin embargo, la provincia decidió enviarlas sin ninguna justificación ni regulación que lo avale, hacia la ciudad de Buenos Aires”, acotaron desde el CELS.
El secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, estuvo presente en el control donde fue demorado el ómnibus y destacó el operativo cerrojo que implementó la fuerza para detener la marcha del vehículo.
“Estamos haciendo un procedimiento en un operativo en un ingreso a la Capital, un micro proveniente del norte, estábamos haciendo la trazabilidad con fuerzas federales y lo detuvimos en la General Paz. En el micro hay 62 personas, extranjeros en su mayoría, y está viniendo una comitiva de migraciones porque nos resulta muy irregular. El operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad funcionó a la perfección”, expresó el funcionario desde la autopista y en medio del procedimiento.
D’Alessandro indicó que habrá que esperar la investigación para conocer cuál es la situación “sanitaria y de documentación” de cada pasajero.
En Capital Federal hay 131 puestos de control, entre los fijos que están ubicados en diferentes accesos al territorio porteño y los móviles.
Desde el viernes 20 de marzo, día en que entró en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en la Ciudad de Buenos Aires se detectaron a 3.747 personas violando la cuarentena. De ellas, 3.356 fueron demoradas, notificadas o trasladadas a domicilio. Mientras que el resto, 391, fueron detenidas.
Por otra parte, en el mismo período de tiempo fueron secuestrados 117 vehículos.
El último reporte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño indica además que el número de llamadas al 147 para denunciar casos de violación de cuarententa desde el lunes 16 de marzo es de 11.714.
Con respecto a los controles de nocturnidad, desde el 13 de Marzo hasta este jueves se llevaron a cabo 2.005 inspecciones. Como resultados de los operativos, 15 locales (dos boliches bailables y 13 bares) fueron clausurados.
