El Gran Buenos Aires y también los otros enormes conglomerados del país –Rosario y Córdoba, en primera línea- concentran la atención presidencial en estas horas. Allí se cruzan todas las dimensiones de la amenaza del corononavirus, en un cuadro con deterioro de arrastre: cuestiones sanitarias, habitacionales, económicas y de seguridad. Fueron reforzados los canales institucionales y también sus ramificaciones –contactos directos del Gobierno nacional con los jefes locales-, y se apela a las redes tradicionales que siempre funcionan, municipio por municipio: un enorme tejido de contención social.
Las situaciones provinciales son diferentes y no en todos los niveles y distritos funciona la convergencia política que en buena medida impone de hecho el examen diario de la sociedad. Los contactos reservados y las imágenes públicas muestran articulación entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. La dimensión del problema y los recelos han traspasado ese plano y han abierto canales directos entre intendentes, el Presidente y por lo menos media docena de ministerios.
No todas las postales son parecidas. En Santa Fe, el peronista Omar Perotti padece una mala relación con la oposición local, en particular con el socialismo, y busca una salida para lograr presupuesto. Y en Córdoba, Juan Schiaretti logró avanzar con su propia ley y aceitó la relación con el poder nacional, pero enfrenta necesidades urgentes para reforzar planes sociales.
Hay, en todos los casos, un punto de análisis en común. Y un juego político que busca ser cuidado y hasta colocado en suspenso, pero que no desaparece del todo.
Santa Fe exhibe una muestra con mucho ingrediente local: Perotti –de muy buena llegada a Olivos y uno de los mayores impulsores del aislamiento social obligatorio- está en el repaso diario de la Casa Rosada por la inquietud que genera el Gran Rosario. Pero necesita habilitar acuerdo legislativo local para el manejo presupuestario y de endeudamiento. No logra desde diciembre una ley de Emergencia y ahora iría por un fondo especial para hacer frente a la pandemia, de 10.000 millones de pesos o tal vez más, que podría prosperar en la legislatura pero con partidas aseguradas para los municipios. Buena parte de las intendencias están en manos opositoras, empezando por Rosario y Santa Fe.
El gobierno cordobés, en cambio, recorrió un camino también conversado pero más llano con su ley de emergencia sanitaria. La semana pasada logró consenso en la legislatura y Schiaretti le agradeció a la oposición públicamente. No faltó un tuit. En paralelo, fue dispuesto un refuerzo para este mes en la llamada tarjeta social, por dos mil pesos. Según estima la administración local, es un universo de unas 300 mil personas en situación de extrema vulnerabilidad, a través de casi 70 mil tarjetas. Fuera de los números, un foco central es el Gran Córdoba.
En el caso de Buenos Aires, el cuadro es sin dudas más complejo y mucho más extendido. También, el mapa político en general y hasta las internas. Alberto Fernández viene construyendo una relación política directa con el gobernador, con el agregado determinante de Cristina Fernández de Kirchner. Es de hecho “su” distrito. Y en la velocidad y tensiones que impone el coronavirus, desarrolla vínculos fluidos con intendentes del GBA. Es una necesidad práctica, que trasciende los límites del oficialismo y que, por supuesto, nutre recelos.
En la Casa de Gobierno dan un par de señales concretas en medio del desafío inédito que representan el coronavirus y los graves efectos económicos y sociales de la batalla contra la pandemia. Ese par de mensajes, coinciden las fuentes, son: la extensión de la cuarentena, al menos por dos semanas, y la necesidad de concentrar esfuerzos para contener el GBA.
No todo se agota en lo formal, lo cual inquieta a los funcionarios con menos rodaje. El Presidente busca mantener en funcionamiento continuo la relación con el gobernador y los intendentes. También están en alerta los movimientos sociales con terminal en el oficialismo –varios, con dirigentes que a la vez son funcionarios- y funciona a pleno el vínculo con la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas. Pero no todo es tan orgánico.
La mayoría de los intendentes del GBA, incluidos los opositores, despliegan diversas relaciones con el Gobierno nacional. No se termina ni empieza todo en el trato con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, definido por propios y extraños como un operador central del esquema del frente oficialista. Hay también otros, de desarrollo político bonaerense, que tienen trato fluido con jefes comunales, según señalan desde varias intendencias: Gabriel Katopodis (Obras públicas), Mario Meoni (Transporte) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).
Pero esos desarrollos “horizontales” no se agotan allí. Hay tejidos tradicionales que funcionan desde siempre en los municipios. Organizaciones sociales, entidades asistencialistas, punteros. Y también el aporte religioso, que funciona en el máximo nivel con la jerarquía episcopal católica -y el agregado de particularidades en el despliegue territorial- y también en el marco menos vertical de las iglesias evangélicas.
Esas redes vuelven a mostrarse fundamentales, en escala municipal y al mismo tiempo en la visión presidencial.
Asoma claro, se reconoce a esta altura en el círculo más cercano al Presidente, que la dimensión del tema rompe o modifica planes. La perspectiva sanitaria estuvo asociada de entrada a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Y sumó otro eje: la seguridad, complicada en el enorme territorio bonaerense. Es probable entonces que el aislamiento tenga en cuenta el desafío diferente que se enfrenta en el GBA y en otros puntos de vulnerabilidad y concentración urbana. La crisis del coronavirus escala de diferentes maneras.
