Ya rige la alerta roja en los sindicatos. Se multiplican las empresas que no pueden pagar los sueldos, hay suspensiones encubiertas, empiezan las amenazas de cierre de pymes, se suceden las quejas por las trabas burocráticas para acceder a los créditos que otorga el Gobierno para abonar salarios y cada día existen más pedidos en el Ministerio de Trabajo para que intervenga en conflictos desatados por las consecuencias económicas de la cuarentena total. Para colmo, la situación crítica que planteó Luis Barrionuevo a Infobae se repite en muchas organizaciones gremiales: están en serias dificultades para pagarles las remuneraciones a su propio personal y a quienes trabajan en las obras sociales.
Los sindicalistas saben que el pago de los sueldos de abril será un test crucial: allí se notará con toda su crudeza el impacto de la crisis económica y laboral generada por el avance del coronavirus.
Los principales dirigentes de la CGT intercambiaron mensajes este fin de semana no sólo para hacer catarsis: algunos propusieron efectuar un planteo general al presidente Alberto Fernández con un puñado de propuestas concretas para evitar que se agrave este cuadro laboral tan complejo.
La plana mayor cegetista se reunió el martes pasado con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en el primer encuentro del comité de crisis tripartito, pero este fin de semana se frustraron las expectativas que tenían de que el Presidente flexibilizara la cuarentena y permitiera que más actividades reanudaran sus tareas, como una forma de frenar un mayor desplome de la economía.
Lo explicitó el titular de la UOM, Antonio Caló, que admitió que las medidas que decidió el Presidente en la extensión de la cuarentena “no fueron tan flexibles como algunos esperaban”. Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, que también esperaba que se reanudara la construcción del sector privado, dijo en declaraciones periodísticas: “El problema es que no todos tenemos las mismas posibilidades. Los trabajadores públicos tienen garantizado el ingreso. Los privados, sean de la construcción, textiles, gastronómicos o metalmecánica, estamos en inferioridad de condiciones. No hay garantía ante el parate”.
Aun para las actividades que están trabajando en la cuarentena, el panorama tampoco es tan alentador: en la industria de la alimentación, considerada servicio esencial, preocupa la caída en las ventas de algunos productos que no son de primera necesidad pero mantienen activas muchas fuentes de trabajo, como las golosinas o los helados, porque la gente compra lo imprescindible para comer y muchas bocas de expendio están cerradas o casi sin clientes, como los maxikioscos.
En el Ministerio de Trabajo están desbordados de expedientes iniciados en los últimos quince días por empresas que afirman no poder pagar los sueldos o por sindicatos que denuncian despidos y suspensiones, pese a estar prohibidos por un DNU, o recortes salariales. Y algunos empresarios, que prefieren mantener el anonimato, se quejan de que el trámite para acceder a los créditos destinados al pago de sueldos es “demasiado engorroso” y sometido a “excesivos controles”, además de que la tasa del 24% es considerada muy elevada para una situación en la que “no hay mercado ni clientes”.
El caso de los 1.450 despidos en Techint derivó en una conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo y durante la cual la empresa les pagó la liquidación correspondiente y una suma fija equivalente a una quincena. También hubo conciliación obligatoria por el conflicto tras los 400 despidos de quienes trabajaban en la obra del acueducto Los Patos, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca.
En la industria automotriz, el sindicato SMATA aceptó que las terminales pagaran un 75% de los sueldos del personal que fue licenciado y esperaba que la actividad fuera una de las elegidas para reanudarse en esta extensión de la cuarentena. La continuidad de la parálisis del sector ya provocó que en Renault se pactara pagar sólo el 60% de los salarios a cambio de mantener los empleos.
En el caso de las autopartistas, la cámara del sector ya le advirtió a la UOM que busca un “acuerdo marco” para pagar el 50% de las remuneraciones en abril, mayo y junio ante “la imposibilidad de producir, la casi inexistente demanda, la ausencia de actividad comercial, y las dificultades para efectuar cobranzas; ya han generado faltantes de caja para afrontar los gastos mínimos del sector”.
Javier Madanes, presidente de Aluar, le anticipó a Infobae que se aprestaba a negociar con el gremio metalúrgico y con el Gobierno una reducción de los sueldos (que sería del 50%, según fuentes sindicales), ya que la producción de aluminio está paralizada, y que lo mismo pensaba aplicar en la fábrica de neumáticos FATE, que es de su propiedad, aunque aquí esta actividad fue incluida por el Presidente entre las que podrán retomar su actividad desde esta semana, pese a la cuarentena.
El cuadro se completa con las empresas electrónicas de Tierra del Fuego, que pagaron el 70% de los sueldos de marzo, y con un listado que manejan las autoridades de Trabajo de otras firmas con problemas para abonar los salarios del mes pasado: Latam, McDonald’s, Burger King, Starbucks, Mostaza, Garbarino, Dexter, Netshoes, Stock Center, Grimoldi, Puma, Mascardi y Mabe, entre otras.
El panorama crítico ya está ocasionando medidas de fuerza: en Córdoba, los choferes del transporte interurbano comenzaron un paro por tiempo indeterminado porque los sueldos de marzo se pagaron parcialmente, mientras que la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (FESITCARA) también anunció una huelga en protesta por la represión a los empleados del Frigorífico Penta, de Quilmes, que reclamaban el pago de los salarios y contra el cierre de la empresa.
