Senadores, Representantes a la Cámara, organizaciones sociales y de derechos humanos y sociedad civil, a través de una mesa humanitaria, hacen un llamado al Gobierno nacional en busca de soluciones a la crisis humanitaria que viven los habitantes del departamento de Nariño. En el documento, exigen que se adopten medidas que “humanicen el conflicto” vivido en la región y sustraigan a la población civil de cualquier impacto violento.
La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Pacífico Nariñense, conformada por Pablo Catatumbo, Aida Avella, Iván Marulanda, Roy Barreras, Antonio Sanguino, Ernesto Samper, María José Pizarro; y organizaciones civiles, entre ellas Vivamos Humanos, la Mesa Interétnica de Nariño, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Diócesis de Tumaco, la Mesa Distrital de Víctimas de San Andrés de Tumaco, el Pueblo Awa del Resguardo Maguí del Municipio de Ricaurte y la Mesa Municipal de Víctimas de Leiva, reclaman la búsqueda de soluciones, debido a las nueve masacres registradas en 2020, la reciente desaparición de 11 civiles, los múltiples enfrentamientos armados y la situación de desplazamiento masivo de más de 253 personas este año.
Estos hechos, señala el documento, hacen que sea urgente la adopción de medidas para proteger a la población de cualquier acto violento. “Las subregiones del Pacífico Nariñense, Piedemonte Costero, Cordillera y Alto Patía, se encuentran desde hace varios años gravemente afectadas por múltiples situaciones de desplazamiento forzado; homicidios de lideres y lideresas; amenazas; reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes; confinamientos y afectaciones por minas antipersonal”, reiteran los firmantes.
La violencia, sostiene la mesa humanitaria, se ha intensificado en los últimos meses por el enfrentamiento entre actores armados ilegales que se disputan el territorio para consolidar su poder económico y político. Por ello, consideran necesaria la suscripción de un acuerdo humanitario para la implementación integral de los Acuerdos de Paz pactados en La Habana y el cumplimiento estricto de las ordenes proferidas por la Corte Constitucional mediante el Auto 620 de 2017.
Este marco violento, exige que se tomen acciones inmediatas para proteger y velar por la seguridad de la población civil, apoyadas por garantes internacionales “y ejecutadas por instituciones estatales a nivel nacional y regional y vigiladas en su cumplimiento por los órganos de control y de defensa de los derechos humanos”, señalan. Además, piden que estas iniciativas y estrategias estén acompañadas con la construcción y diseño de soluciones estructurales para consolidar la paz en los territorios en materia de reducción de la desigualdad, el combate de la discriminación racial, cultural y de género y la promoción de actividades productivas.
La mesa humanitaria asevera el llamado de carácter urgente para que el Estado actúe de manera efectiva y brinde protección, prevención y garantías de no repetición ante la violencia y violación sistemática de los derechos humanos “que están afectando a los habitantes de diferentes subregiones del departamento, como lo prueban los sucesos acontecidos en las últimas semanas”, concluyen.
Esta semana, las autoridades hallaron ocho cuerpos que estarían relacionados con los once desaparecidos en Nariño. Además, el 20 de enero fueron encontrados dos personas que, según el personero de Tumaco, Jair Parra, fueron identificadas y estarían vinculadas al caso. según la policía Nacional, las personas fueron capturadas por disidencias de las Farc-EP, llevadas a otro lugar y asesinadas por impactos de bala. Una de las hipótesis señala que los jóvenes, entre los 18 y 25 años, no querían unirse a grupos criminales de la zona y por ello acabaron con sus vidas.
