El fiscal Carlos Stornelli aceptó este martes convertir en imputado-colaborador a Sergio Todisco, presunto testaferro de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner que fue señalado como un engranaje clave en el sistema de recaudación de dinero en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Aunque sus revelaciones permanecen aún bajo reserva a la espera de que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo, fuentes judiciales adelantaron a Infobae que Todisco dio detalles durante cuatro horas sobre cómo millones de dólares pasaron por las manos de Daniel Muñoz y fueron invertidos en distintas sociedades y firmas off shore para lavar dinero.
Acusado de formar parte de una asociación ilícita que más de 50 personas que encabezó Cristina Kirchner y que funcionó para hacer dinero con las obras y licitaciones del Ministerio de Planificación, Todisco aseguró que a la única persona que conocía de la banda era a Daniel Muñoz, con la que tuvo relación hasta el 2016 cuando falleció. Y confirmó que a través del secretario privado de los Kirchner pasaron millones de dólares que, según acreditan otras pruebas, se movieron detrás de una estructura jurídica y societaria para comprar una quincena de departamentos en Miami y Nueva York, que poco después fueron vendidos.
«Es la primera vez que se acredita en esta causa, y no por dichos de terceros, la relación de Muñoz con el dinero», señalaron a Infobae las fuentes consultadas. En los pasillos de tribunales comparaban el escenario como un juego de mamushkas para llegar a quién era el verdadero dueño del dinero.
Las declaraciones de Todisco confirmaron además el papel que jugó en el caso su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy, una reconocida martillera de Mar del Plata que también está presa por esta causa. Según las palabras de Todisco, para él y su mujer era un negocio inmobiliario lo que Muñoz les proponía que les dejaba dinero, pero él se alejó luego al separarse de su mujer y ella siguió adelante.
A Todisco lo sorprendió la detención en la noche del sábado, cuando estaba en un hotel del barrio de Once. Se encontraba intentando juntar el dinero –a través de propiedades- para pagar una fianza de 10 millones de pesos que le garantizaran su libertad en la causa que se investigaba el enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz y se transformó en una investigación por lavado de dinero. En esta causa, sus bienes ya estaban inhibidos.
Allí Stornelli había pedido su arresto junto al del resto de los sospechoso. Sin embargo, el juez Luis Rodríguez rechazó ese pedido y le concedió la eximición de prisión previo pago de la caución real. Esa cuestión se está discutiendo ahora en la Cámara Federal.
Mientras tanto, en la causa sigue prófuga Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y otras tres personas que no están en el país -Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez- y que participaron de la cadena de sociedades que funcionó para lavar dinero.
Según las pruebas de la causa, Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy –dueña de la inmobiliara Ortiz LizMar- habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisión de 16 propiedades –departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-. Además tienen o tuvieron a su nombre varias de las cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Por vías diplomáticas se detectó que figuraban como titulares de las sociedades formadas en ese país, luego transferidas a Perla Puente Resendez.
Todisco se separó de los directorios en los que figuraba y fue reemplazado por Perla Aydeé Puente Reséndez en ocho de las catorce sociedades creadas en Miami y sospechadas en el caso Panamá Papers.
Todo esto, cree Stornelli, se hizo para ocultar a los verdaderos dueños de la offshore: Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti. Y ese dinero que movieron, unos 70 millones de dólares, salió de la plata que recaudó la asociación ilícita que retrató en sus cuadernos el chofer Oscar Centeno, en una suerte de «bitácora de la corrupción» de la gestión kirchnerista, según las palabras del fiscal del caso.
