Cristina Kirchner no es la única enojada con el juez Claudio Bonadio. La bronca llegó también a los «arrepentidos», los ex funcionarios y empresarios que firmaron un acuerdo como «imputados-colaboradores» en la causa de los cuadernos de la corrupción y terminaron procesados como miembros de una banda que –según el juez- funcionó entre 2003 y 2015 a través de los negocios del Ministerio de Planificación y que sirvió para robar millones de dólares al Estado, «en detrimento de la salud, la educación, la salud, los jubilados y la seguridad».
Los «arrepentidos» quieren que la Cámara Federal dé por tierra con la resolución de Bonadio por haberlos incluido en la asociación ilícita. Y ahí se anotan desde Oscar Centeno, el autor de los relatos que dieron origen a la causa, hasta los empresarios más poderosos, como Luis Betnaza (Techint), Enrique Pescarmona (IMPSA), Aldo Roggio (dueño de Metrovías) y Angelo Calcaterra (ex IECSA y primo del presidente Mauricio Macri). Pero la lista de los que apelaron el fallo de Bonadio no termina en los hombres de negocios.
También lo cuestionó José López, el ex secretario de Obras Públicas que hizo un aporte clave para vincular a la ex presidente con la jefatura de la organización e ingresó al programa de Protección del Ministerio de Justicia desde esa confesión.
Según pudo saber Infobae, ninguno de los 42 procesados quedó conforme con la resolución del juez. Las defensas atacaron por «arbitraria», «falta de fundamentos», o lisa y llanamente «nula» la resolución de Bonadio. Es que cuando todavía se discutía la utilidad legal de las fotocopias, los «arrepentidos» aceptaron los relatos de Centeno, justificando con detalles las «presiones» que sufrieron para actuar así y engordando la hipótesis acusatoria. Pero, a diferencia de lo que ellos esperaban, Bonadio los integró a la asociación ilícita, los responsabilizó de los delitos de «dádivas» y/o «coimas», según el caso, y los embargó por 4 mil millones de pesos a cada uno.
Los empresarios procesados insistieron en que no fueron parte de la banda, sino coaccionados para entregar dinero; y apuntaron a la figura de exacciones ilegales –un delito con penas más leves que el cohecho y que no castiga al que da sino al funcionario que recibe una contribución-. «Eran presionados, no parte de la banda», insistió ante Infobae el defensor de uno de los empresarios que figura en los cuadernos y firmó como imputado-colaborador.
Muchos de los hombres de negocios quedaron desencajados además por la forma en que Bonadio decidió que algunos tuvieran prisión preventiva -en la mayoría de los casos en suspenso por excarcelaciones otorgadas-, y otros no, y por el criterio que consideró a algunos autores de dádivas y a otros de cohecho (coimas).
Los ex funcionarios y empresarios que no se arrepintieron también apelaron: insistieron en desacreditar «las fotocopias», la falta de pruebas independientes que corroboren lo dicho en los cuadernos y la veracidad que en Comodoro Py se le dio a los dichos de los «imputados-colaboradores».
El fiscal Carlos Stornelli apelará mañana la resolución de Bonadio. Como fue notificado un día más tarde que las defensas, tenía más tiempo que el resto para presentar su apelación. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal preparaba un escrito que cuestionaría varios puntos, entre ellos la falta de mérito sobre las segundas líneas de los empresarios: aquellos que aparecen pagando según los cuadernos pero que lo hicieron cumpliendo lo mandado por sus jefes, ya procesados. Ellos son Sánchez Caballero; Jorge Neira, gerente de Electroingeniería; Rodolfo Poblete, de Grupo EMEPA; Héctor Alberto Zabaleta, de Techint; Francisco Rubén Valenti, director de Pescarmona; y Osvaldo Acosta, duelo de Electroingeniería.
Las quejas de Centeno
Hasta el propio Oscar Centeno, el primer «arrepentido», se quejó de la resolución de Bonadio. Centeno, autor de los cuadernos que hicieron nacer esta causa, fue considerado parte de la asociación ilícita, con una prisión preventiva supeditaba a su rol de colaborador, y con un embargo de 4 mil millones de pesos, lo mismo que se le fijó a la presunta jefa de la banda.
«Centeno, en su calidad de mero chofer, se encuentra compartiendo el mismo grado de responsabilidad que aquellos que manejaron los destinos políticos y económicos de nuestra Nación, resultando sumamente desproporcional el marco de atribución que su señoría le ha realizado al justiciable, colocándolo a la par no sólo de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo del gobierno anterior, sino también los empresarios con mayor relevancia en la obra pública de la última década», planteó el defensor oficial del chofer, Gustavo Kollman, según pudo saber Infobae.
Kollman también defiende a José López, pieza clave en la argumentación del juez para corroborar la existencia de la banda y quien sostuvo que los 9 millones de dólares que llevó al convento hace dos años pertenecían, en realidad, a la ex presidenta. Pero López también fue procesado como miembro de la banda y con un embargo millonario. Kollman denunció en su apelación «la incorrecta responsabilidad asignada» a López, con una «doble punibilidad sobre un único comportamiento». «Si bien mi asistido (López) escogió de manera voluntaria acogerse al régimen que prevé la Ley Nº 27.304, ello no implica una asunción de la responsabilidad con todos los alcances que Vuestra Señoría le ha asignado», aseguró el defensor.
Empresarios arrepentidos y enojados
Otro de los que protestó fue Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Calcaterra se convirtió en el primer empresario que se presentó espontáneamente ante Bonadio para reconocer los pagos de los que hablaba Centeno en sus cuadernos y que mantenían preso a uno de sus subordinados, Javier Sánchez Caballero. Declaró que fueron presionados para hacer esos pagos, en momentos en que la empresa estaba a punto de quebrar. De inmediato fue liberado Sánchez Caballero y se firmó la excarcelación de Calcaterra, pero ahora Bonadio lo acusó a Calcaterra de ser parte de la banda, entregar dádivas y le dictó la prisión preventiva (de no cumplimiento efectivo).
También apelaron sus procesamientos con prisión preventiva los empresarios Aldo Roggio, presidente de BHR, y Luis Betnaza, director corporativo de Techint. «¿Cómo puede formar parte de una asociación criminal quién es víctima de una exigencia de la misma organización?», se preguntó la defensa de Betnaza, en un escrito al que accedió Infobae.
«No puede afirmarse la existencia de un acuerdo de voluntades entre Luis Betnaza o algún miembro del grupo Techint para obtener contratos de obra pública. Sin perjuicio de resultar reiterativo enfáticamente, debemos sostener que Techint no formó parte de ningún club de obra pública ya que a lo largo de todo el período investigado en esta causa la empresa obtuvo menos del 1 % de la obra pública nacional durante los 12 años de gobierno. Sólo cinco obras ejecutadas en el período, incluso una de ellas tras una acción judicial, y ninguna de ellas conforma el objeto procesal de estas actuaciones», se sostuvo.
Pero además la defensa de Betnaza disparó ante Bonadio: el empresario «es, en realidad, un denunciante de la organización criminal investigada. Hasta que nuestro defendido declaró, Vuestra Señoría, no tenía indicio alguno de los hechos que describió relacionados con la nacionalización de SIDOR por el gobierno venezolano. Resulta, por ello, absolutamente inconsistente el sostener que quien describe haber sido víctima de un contexto extorsivo sea a la vez considerado parte de la organización criminal que lo extorsiona».
Enrique Pescarmona, fundador de IMPSA, fue procesado sin prisión preventiva como miembro de la banda y por dar dádivas, y embargado por 4 mil millones de pesos. Según pudo saber Infobae, la defensa apeló el viernes diciendo que «Bonadio incurrió en percepciones generales, sin distinguir la particular situación de Pescarmona». «Ha quedado claro que la compañía fue sistemáticamente perjudicada por el kirchnerismo y que a raíz de ello llegó a acumular una deuda de 1.100 millones de dólares», sostuvo su defensa.
Cuestionando a los «arrepentidos», Cristina Kirchner hizo su apelación, denunciando «la absoluta orfandad probatoria de la imputación efectuada» en su contra «-que por cierto resulta totalmente falsa- y la manifiesta falta de sustento jurídico» de la resolución. «La imputación de Bonadío es tan poco seria que ni siquiera puede describirla de un modo preciso, tal como lo requiere cualquier auto de procesamiento que dicte un magistrado que reúna condiciones técnicas mínimas para desempeñar el cargo. Así, se empieza el relato de esta historia con una frase desconcertante: ‘esta mecánica funcionaba más o menos así'», dijo el abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi.
«En otras palabras – añadió-, lo que con grandilocuencia se denomina un ‘fallo histórico’ ni siquiera satisface el requisito más elemental que debe tener un pronunciamiento de mérito, esto es, definir claramente el o los hechos por los cuales se habrá de responder penalmente». Según resalto, «en ningún pasaje de la denominada ‘bitácora del delito’ se indica que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner hubiese recibido algún pago ilegal» y «de la lectura del auto de procesamiento surge que muchas de esas anotaciones (o acaso todas ellas) son lisa y llanamente falsas».
«Ninguno de los empresarios arrepentidos dijo ante el juez o el fiscal haber realizado pagos a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner», sostuvo el defensor de la ex presidenta. «Las confesiones de estos empresarios arrepentidos resultan contradictorias, al punto tal que algunos de ellos debieron arrepentirse de sus primeros arrepentimientos. No obstante ello, todos sus dichos fueron reputados como verídicos (de lo contrario, insistimos, el magistrado debió haber ordenado la apertura de las respectivas investigaciones en los términos del art. 2 de la ley 27.304), sin admitir prueba alguna en contrario que pudiera refutar tales relatos».
El ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, también presentaron sus respectivas apelaciones. Lo mismo hicieron otros ex funcionarios de Planificación, como el ex responsable jurídico de la cartera Rafael Llorens, quien insistió en que a él se le impuso la prisión preventiva «como castigo a no haber aceptado ‘acomodarse’ a la historia oficial».
Otro de los que apeló la resolución fue el ex juez Norberto Oyarbide, quien fue considerado parte de la organización porque –según los cuadernos de Centeno- se reunió varias veces con Baratta y habría recibido dinero a cambio de fallos favorables al Gobierno de entonces. Pero la defensa sostuvo que no hay una sola prueba que pueda corroborar esa acusación.
La Cámara Federal tiene la palabra
Los encargados de revisar el fallo de Bonadio y las quejas de todas las partes –previo fijar audiencias para que las defensas amplíen sus posturas- serán los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyo traslado a la Cámara Federal fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y respaldado en un decreto por el presidente Macri.
El traslado de Bertuzzi aún no se efectivizó pero se espera para los próximos días. Bertuzzi estrenará así su cargo en la Cámara Federal con el caso de los cuadernos. Si hubiera alguna disidencia entre Bruglia y Bertuzzi –quienes son amigos y ya trabajaron juntos en el Tribunal Oral Federal 4-, sería convocado a desempatar el juez Martín Irurzun, quien ya intervino en el caso junto a Bruglia negando excarcelaciones y rechazando planteos de «fórum shopping».
