Un empresario pesquero extranjero no salía de su asombro. Hace 25 años que está en la Argentina, pero es la primera vez que no le piden coima. «Tampoco que contrate a tal empresa de software o aquélla de logística, esta secretaria o aquel chofer, no me pidieron que eche a supuestos enemigos de la compañía ni que acerque a amigos, tampoco me dieron lecciones acerca de cómo hacer las cosas que yo sé hacer desde siempre, nada de nada», le dijo aInfobae, todavía impactado por el fenomenal cambio en las condiciones del negocio en su rubro.
El periodista Hernán Brienza podrá argumentar que es posible el lujo de esa decencia porque gobiernan ricos e hijos de ricos, que no necesitan del financiamiento espurio para hacer política, pero es un argumento ridículo. La historia argentina está plagada de casos de gobernantes ricos que aprovecharon su paso por el Estado para hacerse más ricos, como lo fue Miguel Ángel Juárez Celman, el ahijado político de Julio A. Roca de estilo aristocrático, que concedió las obras públicas a sus amigos más cercanos, o -más recientemente- la propia familia Alsogaray, que aprovechó la alianza con Carlos Menem para acercar negocios que los favorecieran personalmente. Es más que obvio que se puede ser rico y ladrón, también pobre y honrado.
En su columna en el diario cooperativo Tiempo Argentino, Brienza apuntó a deslegitimar la cobertura mediática de los cientos de actos corruptos vinculados al kirchnerismo dando una explicación, por cierto, espeluznante: «La corrupción democratiza la política».
Así, la política puede ser para todos y todas si se abandonan prejuicios morales o neoliberales (o preceptos cristianos como «no robarás»), a favor de valores más revolucionarios como la lucha contra las corporaciones, que es posible librar en todos los terrenos, por ejemplo, la destrucción o expulsión de ellas si no acatan los mandatos impartidos desde la cabeza del estado o la compra, lisa y llana, cuando las condiciones son propicias.
Es lo que les enseñó Néstor, que había que hacer plata para poder hacer política, es decir, ser rico como lo fueron los padres fundadores de la Nación, en estos tiempos para hacer un gobierno que sea verdadero representante de los intereses del pueblo que, por obra de la casualidad, se volvieron idénticos a los intereses privados de la familia Kirchner.
Como escribió un conocido tuitero @leonxxxiiii , «a favor de Brienza hay que decir que tuvo el coraje de firmar esa nota que dice lo que todos ellos piensan: la política es para ganar plata».
En efecto, para la cínica visión de los kirchneristas como Brienza, la política nada tiene que ver con los asuntos morales y, dado que las corporaciones y las ONG vinculadas a la CIA nunca van a financiar a quienes irán en su contra (así lo dice en su nota), el único camino que queda es hacer el sacrificio de corromperse. Se llegaría de ese modo a un curioso método para medir la entrega a las grandes causas de la política por el cual a más corrupción, mayor heroísmo.
De este modo, Néstor Kirchner, que según el cálculo de «Lilita» Carrió habría robado 10 mil millones de euros, compartiría podio con Ferdinand Marcos, el ex presidente filipino que entre 1972 y 1986 habría malversado fondos por 10.000 millones de dólares, Mohammed Suharto, que después de gobernar Indonesia durante 32 años habría robado entre 15.000 y 35.000 millones de dólares, o Alberto Fuyimori, quien fue sentenciado a la cárcel por malversación de fondos que ascienden a 600 millones de dólares, entre otros delitos.
Alejado de todo interés político, Leandro Baéz pateó el tablero de la investigación judicial conocida como «la ruta del dinero K» al presentar un escrito donde recusó al juez Sebastián Casanello y dio pistas de que tiene documentación para probar que su padre, Lázaro, actuó como testaferro de los Kirchner.
El joven de 25 años decidió reaccionar cuando el fiscal Guillermo Marijuan, autorizado por el juez, allanó su domicilio particular y le incautó el auto. Se movió con discreción hasta ese momento, pero el hecho si se quiere menor de que la Justicia se haya llevado su vehículo, actuó como un disparador que lo llevó a buscar un estudio jurídico independiente a los que habitualmente han tenido trato con los funcionarios kirchneristas, y de probada buena reputación.
«Como no está imputado, Leandro no podía creer que lo hubieran allanado, así que para corroborar si el juez lo consideraba parte en la causa o no, se presentó designando abogados», explicó Claudia Balbín quien, junto a Sebastián Viola, patrocina a Luciana y Leandro Báez. Y agregó: «Si el juez nos aceptaba, era obvio que lo consideraba parte y que estaba dirigiendo las actuaciones hacia la familia Báez».
En el escrito de recusación se expresa con toda claridad que «el señor Juez no realizó ni una sola prueba a los efectos de corroborar el involucramiento de los funcionarios a cargo de las distintas áreas mencionadas» por Lázaro Baéz y su hijo mayor, Martín. «Téngase en cuenta que a lo largo de la presente investigación se ha hablado en incontables veces de ‘sobreprecios de obra pública’ y ‘adelantos financieros’, pero las personas que aprobaban dichos precios y efectuaban los diferentes pagos no han sido citadas y ni siquiera investigadas», dice, para especificar que en «los más de 123 cuerpos de actuaciones, unas 25.000 fojas aproximadamente», prácticamente no hay menciones a funcionarios que pudieron facilitar esos delitos, salvo el caso de Ricardo Echegaray. Tampoco el juez buscó investigar a quién pertenecía realmente el dinero que se recolectaba.
Tras persistentes trascendidos en torno a la discrecionalidad de Casanello, la presentación del menor de los Baéz le imprimió una dura herida que todavía puede profundizarse si él, o su padre, aportan documentación fehaciente que demuestre el vínculo con los Kirchner o allegados. Por cierto, el apartamiento de la causa sería una derrota menor ante la posibilidad de un juicio político que termine con su carrera judicial.
Mientras tanto, un empresario vinculado a la construcción de viviendas reconocía que lo más difícil hoy para el mundo de la obra pública, donde las fortunas se edificaron corrompiendo funcionarios y facturando dos veces los barrios contratados por el Estado (prácticas suficientemente conocidas por el Presidente), es encontrar un modo de relacionamiento seguro con las nuevas autoridades. «Siguen buscando una puerta, un guiño de Nicky (Caputo) o de Gregorio (Chodos), algo que les haga perder miedo a que en cualquier momento, como no tienen protección, la Justicia pueda ir también por ellos», dijo.
Se trata del estado de cosas por estos tiempos. No quiere decir que así continúe para siempre. Es algo tan inusual en la historia argentina que hasta es probable que no dure demasiado, que más temprano que tarde una cadena de corrupción se infiltre en algún estamento del Estado. De suceder algo así, es de esperar que -por lo menos- se la extirpe rápidamente y no se la vista del relato épico de la política.
