La seguidilla de denuncias por abusos sexuales a chicos y adolescentes hipoacúsicos en el instituto religioso Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, Mendoza –y por los que hay 5 personas imputadas y detenidas- sigue escandalizando a la sociedad y mostrando la peor cara del encubrimiento eclesiástico.
El fiscal de la causa Fabricio Sidoti confirmó a Infobae que los 2 curas y los 3 administrativos detenidos por los hechos que salieron a la luz el 25 de noviembre último (aunque había denuncias incluso desde el 2008 que nunca se investigaron) continuarán detenidos en el penal de Boulogne Sur Mer, pese a que el sacerdote Nicola Corradi (82) y el trabajador Armando Gómez (46) solicitaron prisión domiciliaria.
Corradi se desempeñaba como regente y máxima autoridad del instituto educativo (es uno de los principales señalados por los padres de las víctimas de abusos) y fue el primero en solicitar este beneficio. Mientras que Gómez lo hizo el miércoles último, aunque en ambos casos Sidoti rechazó el planteo. Y si bien ahora es la jueza de Garantías Alejandra Alonso quien debe expedirse al respecto, a raíz del rechazo del fiscal en primera instancia los 5 detenidos continuarán en el pabellón 5 donde se alojan los presos por Violencia de Género.
Corradi y el también cura Horacio Corbacho (56), y los administrativos Jorge Bordón (50, monaguillo), José Luis Ojeda (41) y Armando Gómez se encuentran en el penal desde el 30 de noviembre pasado y han preferido no declarar ante la Justicia desde entonces.
Según adelantó el fiscal, la semana próxima serán sometidos a las pericias psicológicas correspondientes. Además, también durante los próximos días, serán imputados nuevamente por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores», la misma imputación que ya recae sobre ellos.
«Una vez que se terminen de tomar todas las declaraciones, se los va a volver a imputar por el mismo delito. La acusación no cambia, pero sí va a cambiar la cantidad de víctimas. Además se va a solicitar la prisión preventiva de los acusados», adelantó Sidoti.
Cámara Gesell especial
Siguen siendo 22 las víctimas de los aberrantes abusos que se han contabilizado desde que se destapó la olla, y son ellos quienes han hecho la denuncia en la Oficina Fiscal 15 de Carrodilla. «Faltan identificar a 6 víctimas que se presentaron y ahora se las está citando para que ratifiquen sus denuncias. Las edades van desde los 14 años hasta los 23 y algunos acusan haber sido abusados sexualmente, mientras que otros dicen haber sufrido maltratos de parte de los docentes», explicó Sidoti.
Durante los últimos días se han desarrollado cámaras Gesell focalizadas en las víctimas a fin de determinar las situaciones a las que fueron expuestas en el Próvolo, más precisamente en el sector aislado conocido internamente como «La Casita de Dios», y donde sostienen que han ocurrido los ataques. Sin embargo, algunos de los chicos han presentado numerosas dificultades para expresarse –la mayoría son sordomudos-, por lo que esta semana pondrán a prueba una nueva técnica que intente romper esta barrera.
«Estamos viendo la posibilidad de probar una técnica dentro de la cámara Gesell que utiliza dibujos y, por medio de éstos, los chicos pueden graficar y mostrar lo que les ha ocurrido», explicó Sidoti, quien indicó que entre el martes y el jueves se llevarán adelante 8 de estos procedimientos.
El fiscal, además, destacó la celeridad con que se ha trabajado en el tema. «Han sido denuncias muy graves. Muchos padres se muestran sorprendidos e, incluso, no les ha sido fácil poder comunicarse con sus hijos o presentarse a declarar. La mayoría de las denuncias son referidas a abusos, a que a los chicos les mostraban videos y les enseñaban e indicaban cómo tener relaciones sexuales», confirmó Sidoti a Infobae.
En tanto, confirmó que durante los allanamientos realizados la semana última en la sede de Boedo 385 se encontraron 550.000 pesos en efectivo (en la habitación de Corradi), películas, revistas, celulares y también secuestraron las computadoras del instituto. «Se está investigando y viendo en detalle el contenido de todas estas cosas. Si bien hay material sugerente, no se puede confirmar que sea pornográfico», destacó otra fuente de la investigación.
Por otra parte, Gómez y Ojeda también son hipoacúsicos –al igual que las víctimas-, y están imputados como autores del delito, lo mismo que todos los acusados.
Un cura sigue viviendo en el Próvolo
El jueves 1º de diciembre se reanudaron las clases en el Próvolo y, por disposición judicial, se prohibió a todos los miembros de la orden religiosa y trabajadores dependientes de la misma que ingresaran al lugar y estuvieran en contacto con los alumnos. De hecho, esa misma mañana una decena de policías se encargaron de controlar uno por uno a quienes intentaban traspasar el imponente portón de rejas, lista en mano y asistidos por los directivos de la parte educativa.
Sin embargo, Sidoti confirmó que hay un cura que está viviendo en un cuarto ubicado en la parte de atrás del predio. Se trata del responsable local de la orden, el cura Ramón Amarilla.
«Quedan 2 curas más, además de los 5 detenidos. Uno de ellos ha sido identificado por los chicos como ‘el viejo’ –y dicen que es ‘bueno’- y el otro es Amarilla, quien llegó hace un año a Mendoza. Ninguna de las víctimas los ha mencionado como autores de los abusos. De hecho, Amarilla está viviendo al fondo del instituto, pero también rige la restricción de acercamiento hacia los chicos sobre él, y es algo que se está controlando y cumpliendo», explicó Sidoti. Consultado sobre la posibilidad de que las víctimas lleguen a 60 como se habló en un principio, el fiscal sostuvo que difícilmente lleguen a esa cantidad.
El silencio del Arzobispado
Ni bien tomaron estado público las acusaciones, desde el Arzobispado intentaron despegarse aclarando que la Diócesis no tienen jurisdicción sobre aquellas órdenes religiosas que tienen sedes centrales en otros países (como es el caso del Próvolo) ni conocimiento sobre los sacerdotes que trasladan, ya que las órdenes vienen de allí.
No obstante, el abogado asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi, refutó esta excusa al considerar que –de acuerdo al derecho canónico- «el control de todos los curas le corresponde al arzobispo local».
Durante los últimos días, la Comisión de Relaciones Exteriores y de Culto del Senado de la Nación –presidida por el mendocino Julio Cobos– le dio la razón a Lombardi y confirmó que «la congregación Antonio Próvolo tiene su encuadre dentro del Derecho Pontificio, lo cual significa que tiene su órbita en la Santa Sede, dependiendo en forma local del obispo del lugar».
De esta manera, más dudas se entretejen aún en torno a la versión del vocero del Arzobispado, el cura Marcelo De Benedictis, quien indicó que la institución desconocía a Corradi y sus antecedentes por abusos sexuales en Verona (donde se sitúa la sede central del Próvolo y desde donde llegó trasladado a Mendoza). Previo desembarco en Mendoza, el octogenario sacerdote también estuvo en La Plata, donde hoy también se investigan posibles abusos sexuales mientras Corradi permaneció en el lugar.
