Después de un acto por los derechos del niño que se llevó a cabo en la Legislatura de la provincia de Mendoza, Luis, un integrante del movimiento de sordos de Mendoza y de la Federación Argentina de sordos, se acercó a la senadora provincial por la UCR Daniela García y le dijo, «usted nos tiene que ayudar con los niños y niñas. Hay abusos en un instituto y yo conozco a una persona que puede atestiguar».
Ese fue el punto inicial de la denuncia sobre abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad con problemas de hipoacusia que conmocionó al país. A partir de ese momento, el Instituto Antonio Próvolo quedó en el centro de la escena y el caso se expandió en los medios nacionales.
García escuchó la acusación y acudió a la vicegobernadora, Laura Montero y al procurador Alejandro Gullé para motorizar la denuncia y la posterior investigación. «El procurador me explicó que si o si tiene que haber una testigo o una víctima porque es un delito de instancia privada. Era la única forma para que él pueda sacar a los supuestos culpables y proteger a los niños que estaban dentro del instituto», le contó la senadora a Infobae.
El último viernes García acompañó a la testigo para que hiciera la denuncia y contara lo que había vivido en la institución. «Tenía miedo porque los padres no sabían que ella sabía», contó la senadora. Dos intérpretes la ayudaron a declarar y a hacer la denuncia. En poco tiempo, sus acusaciones tomaron estado público y el caso estalló.
«Cuando el caso sale en los medios, empiezan a contactarse otras personas conmigo. Y se produjo una cosa terrible. Empezaron a aparecer más casos, muchos testigos y muchas víctimas», explicó la legisladora, quién aseguró que hasta ese momento no conocía el Instituto Próvolo.
García indicó que «cuando surgió la denuncia, se encontró que había otra denuncia del año 2008 a la que no se le había dado curso y que hoy forma parte de la causa». Hoy hay cinco personas detenidas, dos sacerdotes y tres empleados de la institución, y otras cinco personas que tienen prohibido el acercamiento al establecimiento.
«El Poder Judicial intervino la escuela y suspendió la residencia de los chicos. Hay algunos padres que ya decidieron sacar a sus hijos y llevarlos a otro instituto», contó, sobre las primeras repercusiones después de la denuncia de abuso sexual.
La senadora de la UCR aseguró que se comunicaron con ella desde todos los sectores políticos y se pusieron a disposición. «Nos afectó a todos. Esta situación nos ha horrorizado», afirmó. Y agregó, «quiero justicia. No puedo solucionar las problemáticas que han vivido esos niños y niñas, ni todo lo que ha sucedido. Pero si puedo colaborar, como lo hice, para darle asistencia a las víctimas a través de los organismos del Estado».
García explicó que junto a sus compañeros de bancada están estudiando cuales son las competencias, y quiénes son los que controlan este tipo de instituciones. «¿Quién pide los antecedentes de las personas que están en la institución?», se preguntó. La justicia mendocina comenzó a desandar el camino para conocer que pasó en el Instituto Antonio Próvolo, un lugar de donde las familias hoy quieren huir.
