Dan continuidad a plan de formación por la competencia provincial en narcomenudeo

Importancia del abordaje interinstitucional

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El Programa de Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y Problemáticas de Consumo, promovido por el Superior Tribunal de Justicia  ante la próxima implementación de la competencia provincial en la lucha contra el narcomenudeo, continuó hoy con el desarrollo del segundo módulo formativo en la temática.

Para asumir con compromiso y responsabilidad este desafío, las autoridades del Poder Judicial de Santiago del Estero propusieron trabajar en forma interinstitucional con otros organismos especializados en cuestiones vinculadas al tráfico y consumo de estupefacientes.

El Salón de Usos Múltiples “Dra. Carmen Argibay” del Palacio de Tribunales fue el ámbito en el que disertó este jueves, la doctora Karina Valenti, integrante de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y Gabriela Innamoratto, quien se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ambas remarcaron que la forma efectiva de enfrentar tan compleja problemática es trabajando en red con los diversos organismos de todo el territorio nacional.

La abogada Valenti afirmó que “tratamos de propiciar un ámbito de formación e intercambio para que todos los actores involucrados puedan transmitir localmente sus experiencias y así trazar políticas públicas con un efectivo cumplimiento”.

En relación a la ley de narcomenudeo, comentó que en un próximo módulo de este Programa participarán funcionarios de la Justicia Federal, quienes disertarán sobre distintos aspectos de su experiencia en la materia. “No podremos avanzar solo con una la implementación de la ley si no se involucran profesionales de distintos espacios y en un marco de respeto a los Derechos Humanos”, aseguró.

Por su parte, Innamoratto, operadora socio terapéutica, se refirió a una investigación que se viene realizando desde el 2008, que incluye los resultados de entrevistas realizadas a jóvenes en tratamiento, de todo el país. “Nuestro objetivo era observar si la vulnerabilidad social en la que desarrollaban su vida, influía o no en la manera de consumir y en el involucramiento en prácticas delictivas y detectar cuales son los factores de riesgo y protección, escuchando a las personas que tienen el problema”, comentó.

Sobre las conclusiones a las que arribaron fue reafirmar la necesidad de intervención de varios actores del Estado y la sociedad civil, para abordar a esta problemática de manera integral.

En esa línea de gestión está inmerso el Poder Judicial santiagueño, que se está preparando para asumir la competencia en el microtráfico de drogas, dotando de conocimientos técnicos-legales a los operadores locales del sistema penal.

 

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