La investidura del exguerrillero sandinista tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la Policía y la Fiscalía, por corrupción y violación a los derechos humanos.
Washington y Bruselas consideran además que no fueron «democráticas» las elecciones del 7 noviembre, en las que Ortega resultó reelegido con los principales opositores presos o en el exilio.
Varios países latinoamericanos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) han desconocido también la legitimidad de los comicios y demandado la liberación de los opositores presos.
Las acciones de la comunidad internacional han sido calificadas por el gobernante sandinista como «agresiones» contra su país.
También ha acusado a Estados Unidos y a la UE de «injerencia» e «irrespeto a la soberanía», y en noviembre pasado pidió iniciar un proceso para retirar al país de la OEA.
