Mientras crece la tensión entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario por el posible aumento de las retenciones o la entrada en vigencia de los cupos a las exportaciones, el ministerio de Agricultura publicó en el Boletín Oficial una Resolución mediante la cual obliga a todos los actores de la cadena agroindustrial a garantizar el abastecimiento del mercado interno.
La Resolución 15/2021 dispone incorporar una nueva obligación a todos los operadores del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), que permite a las empresas anotadas operar tanto en el mercado local como en el externo. Uno de los artículos de la normativa creada por la cartera que conduce Luis Basterra, sostiene que “hay que cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento”. En el caso que una empresa no cumpla con la normativa, podría ser dada de baja del Registro.
“Es nuestra responsabilidad gestionar la fiscalización, registración y matriculación y la operatoria comercial de las personas humanas y/o jurídicas que intervengan en la cadena comercial agropecuaria y la transformación de los productos agropecuarios para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los operadores al mismo”, estableció la Resolución de la cartera agropecuaria.
Y agrega: “A los fines de asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados, se considera pertinente incluir como obligación emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los operadores de las normas, de sentencias o laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno”.
Por otro lado, en la Resolución se deja constancia que la misma busca » la consolidación de las diversas esferas de acción o contralor que dispone el Estado nacional, evitando que las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados”.
Otra de las resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial, es la relacionada a la constitución de un fideicomiso con los sectores aceiteros, para la comercialización a precios accesibles los aceites envasados para los consumidores. La decisión fue firmada por los titulares de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo y el sistema durará hasta enero de 2022.
Según se explicó en la Resolución, “la medida ratifica el alcance del Acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno Nacional y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA CEC), a través de la cual los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica”.
Además, en dicha Acta se había dejado constancia la creación de un fideicomiso privado, que estará integrado por las personas humanas y físicas que operen en el mercado de la soja y el girasol, y se encuentren inscriptos en el RUCA.
Un comunicado difundido por el Ministerio de Agricultura, señaló que el fideicomiso “deberá velar por el interés económico general mediante un sistema interno de compensaciones que permitirá estimular la libre competencia, que garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores.”
También se aclaró desde la cartera agropecuaria que los aportes de fondos de cada fiduciante serán calculados según las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de los productos sujetos a aportes, registradas a partir de la fecha de corte.
Por último, la Resolución dispuso que “el precio base de aceites envasados se ajuste de acuerdo a una fórmula durante la vigencia del fideicomiso. Asimismo, contempla que la duración del compromiso suscripto se extinga el 31 de enero de 2022 y deja abiertas instancias de revisión periódicas en las que se analizará la continuidad del instrumento posterior al 31 de enero de 2022″.
La posición de la industria aceitera
Tras el anuncio por parte del Gobierno de la conformación del fideicomiso aceitero, los integrantes de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) comentaron que para sus empresas asociadas la puesta en marcha de la iniciativa “significará un esfuerzo de 29 millones de litros mensuales (75% del mercado nacional) implicando un valor anual de compensaciones intra industria por 190 millones de dólares, que financiará la propia industria, para evitar incrementos en los precios”.
Además, explicaron que con esta medida “se evitan los cierres de registros o la suba de los derechos de exportación, en virtud del compromiso del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior para adoptar las medidas o acciones que remuevan toda distorsión del mercado exportador de los productos contemplados en el fideicomiso, velando por el sostenimiento de condiciones competitivas y equitativas para las empresas productoras involucradas, y procurando disuadir toda conducta contraria a la lealtad comercial y la defensa de la competencia”.
A partir del fideicomiso, según precisaron desde CIARA, se busca proteger a los consumidores de aceites de girasol y mezcla con el de soja de las oscilaciones externas de esos commodities, mediante un sistema interno de compensaciones que posibilite “estimular la libertad de mercado y la libre competencia, garantizando el abastecimiento interno y asegurando precios justos y razonables para los consumidores, como sostiene la norma oficial”.
También con la medida se protege al comercio exterior de los aceites, soja, girasol y harinas, “al asegurar el cumplimiento de los contratos y obligaciones asumidas con otros países, preservando a la Argentina como proveedor confiable”.
