La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina se presentó como querellante en una causa contra el exjefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández por presuntas irregularidades en un subsidio para la construcción de canchas de hockey, informaron hoy fuentes oficiales.
Según indicó la OA en un comunicado, como querellante el organismo podrá proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones, interrogar testigos, participar y acusar en juicio y, además, el tribunal «deberá notificarle toda decisión trascendente en la causa».
En su escrito presentado ante la Justicia, la Oficina Anticorrupción sostuvo que «se habría favorecido indebidamente a la empresa Commercial Carpets mediante la entrega de un subsidio de 56 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares) por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros» de Argentina.
Esos fondos debían aplicarse a la construcción de canchas de hockey de césped sintético en cada una de las provincias de Argentina.
El subsidio fue otorgado en febrero de 2015, poco antes de que Aníbal Fernández, que se desempeñaba como secretario general de la Presidencia argentina, asumiera al frente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
Aníbal Fernández presidió la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista (CAHSCyP) entre abril de 2013 y los primeros días del pasado julio.
Según la OA, en las maniobras que investiga el juez Julián Ercolini, Aníbal Fernández «habría tenido una actuación determinante» en su carácter de presidente de la CAHSCyP, entidad que solicitó el subsidio, «y en su condición simultánea de funcionario público con influencia sobre el otorgamiento de esta suma de dinero y competencia directa sobre el control de la correcta inversión de la suma otorgada».
Para la OA es «llamativo» que el pedido del subsidio se inició el 25 de febrero del año 2015 y el convenio por el cual se otorgó fue firmado y convalidado el 26 de febrero, «apenas horas antes de la asunción de Aníbal Fernández como jefe de Gabinete».
«La única explicación del trámite urgente de ese pedido y la secuencia temporal explicitada era evitar que Fernández aparezca como solicitante y otorgante al mismo tiempo de este beneficio, que se hiciera manifiesta la confusión de roles y el abuso de su condición de funcionario público para obtener la suma solicitada en beneficio de la empresa citada», dijo la OA en el escrito.
La Oficina Anticorrupción, responsable de la denuncia que desembocó en la apertura de una investigación judicial, recordó que «los delitos que enmarcan estos hechos son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública»
Fuente: Infobae
